Cuadernosmanchegos.com


   

 

 
 
Recomienda esta pagina a un amigo

Díaz Cano denuncia que es imposible atender su seguridad sólo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

En la región hay más de 3.000 mujeres con orden de protección por violencia machista

El delegado del Gobierno, Máximo Díaz-Cano, ha advertido que en Castilla-La Mancha hay más de 3.000 mujeres con orden de protección por violencia machista, y con tal número, es "imposible" atender su seguridad sólo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se precisa un "paraguas" más amplio

Díaz-Cano ha sido uno de los encargados de inaugurar en Toledo el "Curso regional de formación en violencia de género: prevención e intervención", junto con la consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio; y la directora del Instituto de la Mujer, Ángela Sanroma.

El delegado del Gobierno ha recordado que este año en Castilla-La Mancha han muerto dos mujeres, las dos en Guadalajara, a manos de sus parejas o ex-parejas, y ambas tenían una orden de protección, por tanto, hay que analizar qué está fallando y qué acciones se pueden emprender para ser más eficaces en la protección de las mujeres que al menos tienen orden de alejamiento.

No obstante, ha indicado que hay situaciones que son "auténticas bombas de relojería", en referencia a los casos en los que las mujeres con órdenes de protección reanudan la convivencia con su agresor sin dar aviso a las fuerzas de seguridad.

Asimismo, ha explicado que también habría que hacer un seguimiento más eficaz de los maltratadores y ahondar en los programas de rehabilitación en las instituciones penitenciarias, además de emplear todos los recursos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para proteger a las víctimas.

También ha dicho Díaz-Cano que la violencia de género en los últimos años presenta "ingredientes" nuevos, uno de ellos la inmigración, ya que en los últimos años el problema de la mujer extranjera maltratada cada vez tiene más peso, y además, el hecho de que el agresor proceda de otras culturas hace más difícil su tratamiento y rehabilitación.

Las líneas de actuación las ha resumido, por tanto, en tres: prevención mediante la educación; protección de las víctimas y seguimiento eficaz y rehabilitación de los maltratadores, para así, ha dicho, "luchar contra una de las más feroces desigualdades que existen".

Precisamente la desigualdad entre hombres y mujeres que se viene arrastrando desde hace siglos es la causa profunda de la violencia machista hacia las mujeres, según Ángela Sanroma, para quien la sociedad debe caminar hacia la igualdad de derechos y oportunidades, pero no solo en las leyes, sino que tiene que enraizar en la cultura de los pueblos.

Es necesario el compromiso social y un mayor reproche social hacia los delitos de malos tratos y, aunque se está avanzando, no falta todavía quien diga que algo habrá hecho la mujer, cuando, ha dicho Sanroma, nadie puede merecer ese resultado.

En cualquier caso, según la directora del Instituto de la Mujer, cambiar los usos y costumbres no es tan fácil como cambiar las leyes, pero una manera de avanzar es ejercer la igualdad.

La consejera de Administraciones Públicas y Justicia también ha incidido en que este tipo de violencia se debe a la cultura patriarcal tan arraigada y ha animado a los profesionales asistentes al curso a que no se desanimen pese a que sean muchas las mujeres que retiran las denuncias porque sienten culpa, miedo, vergüenza e impotencia, y ceden ante el arrepentimiento de su agresor.

Ha recordado que ya hay un juzgado específico en Albacete y están solicitados para las otras provincias, pero en todos los partidos judiciales alguno de los juzgados lleva los temas de violencia de género y ya no están dispersos, ha señalado la consejera, quien ha insistido en que este ya es un tema de Estado y no un asunto doméstico.

El curso, al que asisten casi 400 miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad y profesionales dedicados a la violencia de género, analizará durante hoy y mañana la intervención de los órganos judiciales, el sistema de seguimiento integral de las víctimas y el tratamiento penitenciario de los agresores, entre otros temas.