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Guadalajara

Según PSOE e IU

El Tribunal Administrativo suspende cautelarmente los pliegos del contrato de basuras de Guadalajara

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha acordado la suspensión cautelar de los pliegos administrativos y técnicos con los que el alcalde, Antonio Román, pretendía adjudicar por 15 años y un coste de casi 125 millones de euros en un solo contrato los servicios de recogida de basuras, limpieza viaria, recogida de ropa usada, recogida de aceite y restablecimiento de la normalidad vial tras accidentes de tráfico en la ciudad de Guadalajara.

Así lo han confirmado este jueves tanto PSOE como IU, que interpusieron recursos solicitando la adopción de medidas provisionales de suspensión del procedimiento de contratación, que ahora queda "paralizado" hasta que el mismo Tribunal dicte resolución sobre el fondo del asunto de ambos recursos.

En un comunicado, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Magdalena Valerio, ha señalado que "es un nuevo frenazo, aunque de momento sea provisional, a las ansias de Román por dejar el Ayuntamiento de Guadalajara vendido durante varias décadas a un reducido grupo de grandes empresas, poniendo para ello en riesgo la calidad de los servicios municipales y la estabilidad laboral de los trabajadores que actualmente desempeñan esas tareas".

En los fundamentos de derecho de la decisión de suspender cautelarmente los pliegos, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales señala que "el análisis de los motivos que fundamentan los recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación", ha informado el PSOE.

El PSOE ha recordado que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en septiembre de 2013, ya declaró nulo de pleno derecho el procedimiento del llamado "megacontrato", por el que Román pretendía adjudicar en un solo contrato 11 servicios municipales distintos por un periodo de 20 años y un coste total de 270 millones de euros, tras haber dictado la suspensión cautelar del procedimiento en el mes de julio.

Por su lado, el concejal de Izquierda Unida José Luis Maximiliano Romo ha manifestado "que si bien se trata solo de una medida provisional, hay que valorarla positivamente" y aunque considera que "todavía es pronto para decir si esto es un indicio" de que el Tribunal va a fallar a favor de sus alegaciones, sus argumentos políticos y jurídicos "son firmes y tenemos la obligación de dar esta batalla, porque consideramos que beneficia a la ciudadanía".

"La paralización del procedimiento era una medida esperada ya que evita que se produzcan perjuicios irreparables tanto para el Ayuntamiento de Guadalajara como para las empresas que puedan concurrir al proceso de contratación", ha concluido.

 

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