La Diputación de Ciudad Real ha aprobado esta mañana en el transcurso de una sesión plenaria que se ha celebrado con carácter ordinario una modificación de créditos que ha permitido dotar con 4'4 millones de euros al Plan Extraordinario de Obras que se desarrollará en todos los municipios de la provincia. Se trata de un montante que puede ser aplicado gracias a los remanentes de tesorería y que sumado a los 8'8 millones de euros del Plan Ordinario que se viene ejecutando desde el inicio del presente ejercicio alcanza un total de 13'2 millones en lo que va de año.
El presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, ha señalado, no obstante, que los recursos destinados a la realización de obras hay que sumarlos a la cascada de actuaciones en obra pública que está desarrollando la Diputación en 2018, que alcanzarán los 33 millones de euros si se tienen en cuenta las inversiones previstas con cargo al Plan de Caminos, las intervenciones en las carreteras provinciales, las obras del pabellón Ferial que suponen 10 millones de euros y los 4'7 millones de euros que próximamente serán aprobados para gastos de funcionamiento, entre otras actuaciones. “Si se consiguiera que el Gobierno de España invirtiera la misma cantidad, lo reconocerían con satisfacción, pero lo cierto es que presupuesta poco y no ejecuta nada”, ha afirmado.
Por otra parte, los ayuntamientos podrán solicitar diferentes obras tras dar el visto bueno la Corporación al Plan Extraordinario de Obras. En concreto, se aceptarán proyectos que tengan que ver con la rehabilitación de vías públicas, abastecimiento de agua, alumbrado público, instalaciones deportivas y gestión del patrimonio.
“Un gran volumen de inversiones y actuaciones que no sólo mejoran nuestros pueblos y ciudades, sus infraestructuras, sus equipamientos, en definitiva, los servicios que prestamos a los ciudadanos, sino que dan empleo y dinamizan la actividad económica de las empresas locales, generan dinamismo y mejoran las posibilidades de contratación y de empleabilidad de los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real”, ha comentado Caballero al término de la sesión plenaria.
Ha lamentado, por otro lado, durante el Pleno que no puedan destinar más recursos a políticas que son prioritarias porque lo prohíbe la irracional medida que impone el Gobierno de Rajoy, en clara referencia a la regla de techo de gasto que obliga a la Diputación de Ciudad Real, a pesar de que es la más saneadas de España, ya que mantiene su deuda a cero, a tener el dinero en los bancos a pesar de que hay necesidades que hay que atender para seguir mejorando la vida de la gente. El Plan Extraordinario de Empleo, cuya aprobación ha suscitado el pronunciamiento favorable de la Corporación provincial, supondrá la llegada de más recursos económicos a los municipios, exactamente la mitad de la cantidad que les corresponde en el Plan Ordinario de Obras.
El Pleno ha aprobado también la liquidación del ejercicio de 2017 con un remanente de tesorería de 63.603.781'13 euros y con fondos líquidos en los bancos que ascienden a 81 millones a fecha de ayer, según los datos facilitados durante la sesión. Se ha dado cuenta, asimismo, de la situación financiera de la institución provincial en la liquidación del Presupuesto de 2017 que da un resultado presupuestario de 23.844.161'05 euros. Del mismo modo, se ha dado a conocer que el superávit a 31 de diciembre se situó en 10.989.728'08 euros destinable a inversiones financieramente sostenibles.
Comisión mixta para transferir a la Junta los servicios psiquiátricos
En otro momento de la sesión, el Pleno ha procedido a la designación de las cinco vocalías que corresponden a la Diputación de Ciudad Real en la comisión mixta que se constituirá junto con la Junta de Comunidades al objeto de iniciar el proceso de la transferencia de la atención psiquiátrica que se presta en los Servicios Sanitarios Asistenciales dependientes de la institución provincial al SESCAM. Se ha llevado a Pleno este asunto porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado firme una sentencia de Lo Contencioso Administrativo, vía a la que acudió la Diputación en otoño de 2013 al negarse el Gobierno regional, a cuyo frente se encontraba entonces Dolores de Cospedal, a asumir la asistencia psiquiátrica a pesar de que la Administración provincial acreditó sobradamente la ausencia de título competencial.
El Equipo de Gobierno de la institución provincial ha reconocido el cambio de actitud del actual ejecutivo de Castilla-La Mancha, de manera especial en la persona del consejero de Sanidad, Jesús Fernández, quien desde el primer momento de la presente legislatura mostró su disposición a iniciar los trabajos previos para abordar el traspaso de las transferencias. En octubre de 2015 se reunieron ambos en la institución para anunciar que comenzarían los trabajos en enero de 2016. Y a partir de entonces se han desarrollados gestiones en un clima de colaboración estrecha que han culminado con el desarrollo del proceso, marcado en la actualidad por la sentencia que han hecho pública los órganos judiciales.
Por la Diputación provincial integran la comisión mixta Montserrat Castro Santos (suplente Manuel Martínez López-Alcorocho); Beatriz Fernández Moreno (María Noelia Serrano Parra); Jacinta Monroy Torrico (María Luisa Delfa Monsalve); Leopoldo Sierra Gallardo (Ana María López Rodríguez) y José Lozano García (Miguel Ángel Rodríguez González).
En otro orden de cosas, Caballero ha hecho pública la responsabilidad política y legal de la Administración provincial para con el ayuntamiento de Cañada de Calatrava, cuyo presupuesto ha recibido una inyección “absolutamente transparente” con el objetivo de que el municipio tenga estabilidad y pueda finalizar la legislatura en las mejores condiciones prestando servicios a sus vecinos y vecinas, “puesto que tienen el mismo derecho que todos los ciudadanos de la provincia”.
