Ayer el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció en una rueda de prensa "avanzar en la creación de una nueva empresa para la prestación de servicios sociales", además de mostrarse partidario de "fomentar la colaboración público-privada".
Ante este anuncio Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha contestado en un comunicado de prensa que: "Desde el Gobierno de Castilla La Mancha de Emiliano García-Page se ha dicho durante mucho tiempo que se cree en los servicios públicos, pero nosotros pensamos que no es exactamente así".
Además, han explicado que: "Quiso hacerse un Hospital de referencia en Castilla-La Mancha y se utilizó la fórmula de la privatización en su construcción a cambio de la concesión de 1.500 millones de euros para las tres empresas que conforman la UTE empresarial por los servicios no sanitarios privatizados", a lo que han añadido: "Se quería una prestación sanitaria adecuada y se gastaron más de 240 millones de euros en privatizar el transporte sanitario terrestre para entregárselo a empresas que han demostrado su falta de sensibilidad en materia laboral, hasta el punto de llevar a la huelga a sus trabajadores y trabajadoras".
"Se quería prestar la mejor atención posible en los Centros de la Mujer y nos encontramos, como en el caso de Bargas en la provincia de Toledo, como se ha externalizado el servicio que se presta desde el Centro de la Mujer del municipio a una empresa en la que no se ha valorado su experiencia en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género" ha explicado la formación de izquierdas.
"Se ha hablado de abrir el Hospitalito del Rey en la ciudad de Toledo como residencia para mayores y se recurría, aunque no se hizo efectivo, a la utilización de una entidad que lo gestionará. Era una entidad no gubernamental que al final iba a convertirse en una suerte de empresa intermediaria para la gestión de estos recursos que debieran ser públicos".
Con este tema de la empresa semi-pública han explicado que: "Ahora se quiere prestar el mejor servicio social en la región y Page decide privatizarlo con la intervención público-privada en la gestión de todo lo referido a mayores, dependientes grupos de población en riesgo de exclusión social".
"Entidades que conforman el tercer sector son sin duda un apoyo fundamental para que todas las familias vulnerables de la región tengan una ayuda esencial para mejorar sus condiciones de vida. Es la administración la competente y la responsable de las políticas que deban hacerse para con esos grupos vulnerables. Si la administración cede su competencia a empresas público-privadas, así como la gestión de los recursos para la actuación directa, ¿qué va a gestionar la Junta? Por cierto, no estaría de más que se gestionasen las ayudas al alquiler que, después de pasar medio año, aún no ha hecho efectivo el pago de las ayudas concedidas del año 2018" han explicado.
Este comunicado finaliza diciendo que: "Esta decisión mítica de externalizar su responsabilidad sobre los más vulnerables de la región no es el modelo social y económico que os gusta. Pero, sin duda, hoy ya hay muchas empresas preparando la oferta económica para hacerse con estos servicios y se hará con ella la oferta más barata donde pierden los trabajadores y trabajadoras y la calidad del servicio. Y sino al tiempo".
