Cuadernos Manchegos
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Ante la propuesta de posición común en materia de agua, conocido como Pacto Regional del Agua[1], las entidades de defensa del medio ambiente de implantación estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han trasladado al Ejecutivo regional la urgencia por mejorar la implantación y reforzar el contenido de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el Estado español. Máxime si llega desde una comunidad autónoma, cuyas competencias juegan un papel clave a la hora de alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica acorde con los principios de dicha directiva europea.

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Así, tras analizar el documento y consensuar una posición común, las entidades ambientales manifiestan que la propuesta presenta notables contradicciones con la normativa europea en materia de aguas y planteamientos que conllevarían nuevas expectativas que dificultarían aún más la consecución de los objetivos medioambientales. Lamentan igualmente que no se reconozcan estos objetivos como solución a la garantía en cantidad y calidad de los usos actuales y futuros del agua en un escenario de cambio climático.

 

Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo que Castilla-La Mancha cuenta con las competencias de proyectos, obras y aprovechamientos hidráulicos de interés para la comunidad autónoma en agricultura, ganadería, urbanismo, abastecimiento y saneamiento, conservación de la naturaleza y medio ambiente, minería, pesca fluvial, deporte, ocio y turismo, entre otros sectores relacionados con el agua. Por ello, apuntan que el diagnóstico es incompleto y carente de compromisos internos, lo que impide avanzar hacia una política de aguas territorial realista, moderna, sostenible y acorde a los principios de la DMA.

Reciclar más. Mejor. Siempre

 

De esta manera, las entidades entienden que la posición presentada por Castilla-La Mancha supone perder la oportunidad de dejar atrás la visión obsoleta que se centra en la mera oferta del recurso hídrico en lugar de en su protección. La propuesta resulta especialmente inconcreta respecto a las cuestiones medioambientales, el diagnóstico de partida, la identificación de las necesidades, las medidas específicas y el seguimiento que evalúe el cumplimiento y la efectividad de las mismas.

 

Ante esta situación, y entre otras peticiones, las entidades reclaman:

  • Compromiso por cumplir escrupulosamente con la DMA y por modificar todos aquellos programas, planes y proyectos de competencias autonómicas y municipales que dificulten el cumplimiento de los objetivos medioambientales de cara al horizonte de planificación de 2027. Asumir que esta nueva visión del agua es considerar este elemento no solo como recurso, sino como componente de los ecosistemas acuáticos. Al mismo tiempo, que su adecuada gestión depende sobremanera de la política territorial, por lo que necesariamente deben racionalizarse los usos y replantearse la jerarquía de las prioridades para adaptarse a los principios de la normativa europea y contribuir a alcanzar los objetivos de la planificación.
  • Resumir la situación de partida, exponiendo todos los aspectos negativos y positivos desde los diferentes ámbitos: ambiental, social técnico o jurídico. Proponer compromisos concretos, medibles y definitivos. Para ello, es necesario elaborar un documento de diagnóstico previo que analice verdadera y objetivamente los problemas y retos a los que se enfrenta la planificación hidrológica en Castilla-La Mancha, ante un escenario de cambio climático.
  • Proporcionar la información y las herramientas para que todos los interesados (administraciones autonómicas y locales, entidades supramunicipales, sectores y ciudadanos interesados, empresas, técnicos, entidades sociales y ambientales, etc.) entiendan mejor las obligaciones y oportunidades que corresponden a cada uno y puedan contribuir todos ellos con propuestas realmente valiosas a la construcción de una posición de la sociedad castellano-manchega.

Entendiendo que el documento de posición no reconoce en absoluto la necesidad de realizar una reforma completa en las políticas autonómicas en relación con el agua, las cinco organizaciones ambientales determinan que el pacto debería rehacerse y reorientarse hacía la calidad de los ecosistemas y la sostenibilidad del agua, y solicitan el compromiso de la atención a sus peticiones si la intención es alinearse a los objetivos de la normativa europea.