Virgen de las Viñas Tomelloso
Cuadernos Manchegos
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La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en CLM ha entregado más de 3.000 firmas a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, solicitando una modificación de la Ley de Comercio para cerrar los comercios antes de las 20:00 horas los días 24 y 31 de diciembre. Las firmas corresponden alrededor del 60% a trabajadoras y trabajadores del sector y en un 40% a usuarios de los grandes almacenes de CLM, que están de acuerdo en limitar el horario de dichas fechas “para que los empresarios no dejen de ganar y los trabajadores, a su vez, puedan disfrutar esos días con sus familias de manera plena”.

Alfonsi Álvarez, secretaria de Acción Sindical de FeSMC UGT CLM reitera en su escrito a la consejera lo “injusta y lesiva” que es actualmente la Ley de Comercio modificada por Cospedal. “Venimos años solicitando que se modifique y que sea una ley más favorable para los trabajadores del sector y no tanto para las grandes patronales”, afirma.

UGT defiende que no es necesario ni rentable abrir las grandes superficies 12 domingos y festivos al año (casi el doble de los establecidos antes de las modificaciones de Cospedal), “ya que ninguna patronal ni ninguna administración le han podido demostrar a este sindicato que la relación de aperturas en CLM haya favorecido a la economía regional o haya evitado el trasvase de consumidores a Madrid”, sostiene Álvarez. Que pide además no concentrar el 50% de esas aperturas en la época de navidad desde el último fin de semana de noviembre hasta el primero de enero, haciendo imposible la conciliación de la vida familiar y laboral del personal sector, siendo además un 80% mujeres.

Todo ello teniendo en cuenta que el sector de grandes ha superado sus expectativas de venta en más de un 70% durante el confinamiento y que se le está haciendo “un flaco favor” al pequeño comercio. “Cuanto más liberalizamos el grande más mermamos el pequeño que es realmente el que lo está pasando mal con la pandemia. En general le estamos haciendo un flaco favor a un sector ya de por sí precarizado, con salarios medios de 850 euros y con trabajadoras y trabajadores que han estado en primera línea en época de pandemia”, afirma Álvarez.

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