La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que el Gobierno regional no haya procedido a la creación de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) propio en Educación y que en cambio haya trasladado la responsabilidad de estas funciones a los docentes a través de la figura del coordinador Covid.
CSIF señala que la Consejería de Educación debería afrontar la creación de estos servicios con al menos sesenta profesionales entre médicos, enfermeros, personal administrativo y técnicos de prevención teniendo en cuenta que debe haber una unidad por cada 500 trabajadores, tal y como sucede en el servicio de prevención del Sescam. Sin embargo, la plantilla actual está totalmente infradotada y no está integrada por personal sanitario.
Como respuesta a dicha petición la Consejería anunció a principios de agosto la contratación de diez técnicos para asesorar a los centros educativos sobre los protocolos a seguir en el inicio del curso; un número totalmente insuficiente a lo que además se suma que hay muchos colegios e institutos que todavía no saben si han ejecutado bien la implementación de las medidas de seguridad o cómo actuar en cada caso concreto, lo que es fruto de la falta de formación inicial y continuada al no existir un servicio de prevención propio.
El responsable autonómico de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Carmelo Gómez, arguye que “los docentes no tienen por qué tener menos medios que otros trabajadores de otras consejerías o comunidades, ni suplantar a los profesionales de prevención, ya que no tienen los conocimientos sanitarios ni técnicos que les legitimen para valorar los riesgos biológicos, ni cómo adoptar las medidas de prevención para evitar contagios, pues estos conocimientos deben recaer en profesionales formados para ello y sin embargo la Junta ha hecho que recaiga en los hombros de los docentes toda la responsabilidad”.
Además, en este sentido, Gómez, se pregunta qué motiva que en otras comunidades se contrate a personal de enfermería escolar y en nuestra comunidad no se realice salvo para los once centros públicos de educación especial.
PERSONAL VULNERABLE
En cuanto a la vigilancia de la salud de los profesionales, CSIF cree que el Gobierno regional incurre “en un error sin precedentes”, pues ha resuelto que sean los facultativos de Atención Primaria los que evalúen a qué grupo de riesgo pertenecen los docentes catalogados como vulnerables, ya sea por embarazo o por contar con patologías previas.
Gómez explica que “tenemos la Atención Primaria saturada y colapsada y con retraso en la atención a los pacientes y ahora encima la sobrecargamos aún más con un tema propio del Servicio de Riesgos Laborales, lo que aumentará las listas de espera y en definitiva perjudicará a los pacientes”. Asimismo, un médico de Atención Primaria “no conoce ni tiene por qué saber cómo son los puestos de trabajo en los centros educativos para proceder a su adaptación”, siendo ésta una labor que realiza un médico del trabajo en coordinación con un técnico superior de prevención de riesgos laborales.
Desde CSIF, la solución pasa por “crear este Servicio en Educación, pero lamentablemente ya llegamos tarde”, concluye Gómez.
