El diputado regional por Cuenca, Benjamín Prieto, ha defendido en el pleno de hoy la necesidad de que “el patrimonio de la administración regional sea de utilidad a los ciudadanos y también mejore sus servicios”. El representante conquense ha argumentado que los inmuebles de los que es titular la Junta de Comunidades, “pertenece al fin y al cabo a todos los castellanomanchegos, son fruto de nuestros impuestos y, por ello, su uso debe de estar enfocado a detectar y solucionar las necesidades que tenemos en nuestros pueblos y ciudades”. Prieto ha mencionado de manera concreta al mundo rural, “inmerso en una lucha contra la despoblación desde hace años y donde el aprovechamiento de este patrimonio público debe de ser una de las vías que contribuyan a generar oportunidades, en coordinación con Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno de España”.
Así, el Grupo Popular ha presentado 20 enmiendas al Proyecto de Ley de Patrimonio “en aras a mejorarlo y a que se consiga también proteger los bienes”, apuntaba Benjamín Prieto, quien no dudaba en calificar esta iniciativa como “importante y que no sólo tiene efectos internos para la Administración”. “El Patrimonio público debe de estar al servicio de los ciudadanos” ha reiterado, “como parte activa y dinámica de nuestra sociedad. Por ello, la Administración tiene la responsabilidad de protegerlo y buscarle un uso y destino”.
Prieto ha defendido el patrimonio público como “un punto de encuentro entre administraciones” y ha pedido coordinación entre ellas, para “desarrollar actividades, máxime en aquellos inmuebles que se encuentran infrautilizados”. “La actividad administrativa va cambiando y el uso de muchos bienes no es el mismo que cuando se adquirieron o se configuró su incorporación a la Hacienda Pública, por eso debe servir esta Ley para adaptar todo ello a lo que se requiere en el siglo XXI”, ha defendido el diputado por Cuenca.
“El patrimonio es un legado que se debe de concebir como un gran potencial y, como no, en los núcleos rurales que sirva también para dar oportunidades a nuevos usos, nuevos pobladores o que las personas que allí viven lo aprovechen para obtener la máxima rentabilidad. Debemos proteger un patrimonio vivo, que no sufra riesgos ni agresiones y que la Ley garantice su protección. Por eso los Inventarios Públicos, la agilidad en su inscripción y, como no, el reflejo en el Registro de la Propiedad, deben de ser cuestiones que nos hagan tener totalmente identificados los bienes públicos, independientemente de su naturaleza”, ha argumentado Prieto durante su intervención.
Por ello, el representante de Cuenca en Las Cortes ha pedido que se aprueben planes sobre la utilización de los edificios administrativos, así como los gastos que conlleva para la Administración la disposición y mantenimiento de los inmuebles, “nos permitirá conocer mejor las necesidades de nuestros edificios, de los servicios, además de las oportunidades que pueden generar”. También que los inventarios que recogen las propiedades ganen en vigencia y transparencia, “para que los ciudadanos estén mejor informados” y que el cambio de adscripción de los bienes se notifique al Registro de la Propiedad.
“Llevamos mucho tiempo, ya años, hablando de medidas para apoyar nuestro mundo rural y luchar contra la despoblación, abogando que la legislación debe de tener en cuenta medidas claras y vinculantes; por ejemplo la enmienda número 12 al artículo 48, contribuye a reforzar la seguridad en el mundo rural, permitiendo que el Patrimonio público pueda ser usado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha solicitado Benjamín Prieto, añadiendo la necesidad de la creación de un inventario de los edificios, inmuebles o fincas que no tengan un uso adscrito o definido “al objeto de que pueda ser utilizado por cualquier dependencia de la Administración o cedido por otra o entidad sin ánimo de lucro, así como proceder a su alquiler. Dicho inventario debe coordinarse por la Comisión Consultiva de Gestión de Edificios Administrativos”.
Prieto no se ha olvidado de los emprendedores, “como posibles usuarios de esos inmuebles, a los que hay que facilitarles que se instalen en nuestros pueblos y contribuyan a fijar población y, de esta manera, promover actividades tendentes a diversificar nuestra economía”.
Por último, Prieto ha querido insistir en la racionalización del dinero público, “la administración debe de tratar de evitar el alquiler de edificios si posee inmuebles propios en los que desarrollar su actividad y por ello debe mantenerlos en buen estado y dispuestos para su uso”, ha concluido.
