Cuadernos Manchegos
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Miguel Fernández, como presidente de la “Asociación de afectados por la no legalización de pozos para Explotaciones Prioritarias y Agricultores a Título Principal (ATP)”, ha mostrado el enorme disgusto provocado por la omisión en el Plan de Cuenca sobre la resolución de 1.600 expedientes  que continúan sin resolverse por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Califica de situación muy delicada para estas explotaciones que deberían ser prioritarias para la resolución y aprobación de estos expedientes, ya que todas las solicitudes corresponden a agricultores cuyos únicos ingresos proceden de la agricultura, mientras que se aprobaron anteriormente otros expedientes de explotaciones no principales.

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Asociación Afectados Explotaciones prioritarias

El problema afecta a expedientes de 35 municipios de la región que se encuentran en una situación que denominó de “limbo jurídico” y con el problema que en los dos últimos años comienzan a recibir sanciones por la no autorización para riego, cuando existía la promesa del presidente de la Confederación asegurando que estarían resueltos.

 La Asociación cuenta actualmente con 300 socios cuyos principales cultivos son los leñosos y en tal situación se está actuando remitiendo propuestas a los  35 alcaldes para que realicen las alegaciones y presiones necesarias ante la Confederación para que estos expedientes sean aprobados.

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Los expedientes en cuestión fueron tramitados en el añ0 2008 y hasta la fecha no han recibido notificación alguna de aprobación, además con la exposición realizada de la necesidad de adquirir derechos para los que no tuvieran, según una disposición transitoria en el Plan de Cuenca.

Quiso añadir que los sindicatos agrarios no se han movido para actuar  apoyando las reivindicaciones y su postura ha sido colocarse de perfil.

Asociación Afectados Explotaciones prioritarias

En definitiva la Asociación esperaba que en el nuevo Plan de Cuenca apareciera la concesión del concepto de Reserva que no ha ocurrido, por lo que la situación sigue en el  mismo momento desde hace 14 años y consideran una incongruencia que sí se hayan aprobado 4.000 expedientes  que no eran Agricultores a título principal- que indudablemente tenían sus derechos- y sin embargo a los que dependen íntegramente de los recursos de sus cultivos no se hayan tenido en cuenta.