Pero el entrecomillado no es nuestro, es una cita textual de la intervención de la representante del Grupo Repsol en esa jornada. Ester Moya, experta en Coordinación Regulatoria y Asuntos Públicos de Repsol, lo tiene tan claro como nosotros.
Por su parte, la directora del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano, Rosa Juárez, expresó su convencimiento de que “la implicación de todos los agentes sociales es fundamental para llevar a cabo el proceso de la transición energética de forma justa y ordenada”. Y la consejera de Patricia Franco “recogió el guante” que yo mismo la lancé al reclamarle la creación del Observatorio de la Industria de CLM y reafirmó la voluntad política del Gobierno de CLM de trabajar permanentemente en el marco del diálogo social para que la reconversión industrial hacia las energías limpias no deje a nadie atrás.
Esta verbalización por parte de las representantes de la JCCM y de Repsol de su compromiso de garantizar la participación de los agentes sociales en el cogobierno de la Transición Energética es muy importante para nosotros, porque debemos disponer de espacios desde los que defender los intereses de las/os trabajadoras/es. La planificación estratégica del proceso, las inversiones que requiere, la disposición y gestión de los recursos públicos y privados destinados a esta transición, el acceso a fondos europeos, los cambios tecnológicos y su implementación en los procesos productivos, la regulación normativa… no pueden relegar el empleo, ni desatender los impactos sobre las personas y sobre los territorios afectados.
Nos satisfizo por ello que la Ley de cambio climático y transición energética, aprobada por el Parlamento español el pasado mes de mayo, enlace expresa e indisolublemente el objetivo de facilitar la descarbonización de nuestra economía con la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades. Y que incluya la demanda sindical de una ‘estrategia de transición justa’ para las y los trabajadores involucrados en los cambios forzados por la transición energética, con el objetivo prioritario de mantener -y crear- actividad y empleo; y de fijar población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones térmicas o nucleares en cierre, como es el caso de la central de Zorita en la provincia de Guadalajara.
Nuestro país, y nuestra región, ultima ahora -esperamos que los trabajos avancen con solidez y celeridad- un Pacto de Estado por la Industria, una Estrategia de Política Industrial para España 2030, y una nueva Ley de Industria. “El objetivo del Gobierno”, dijo el jueves la ministra de Industria, “es lograr una recuperación justa y una transformación del modelo productivo de nuestro país hacia la sostenibilidad y la digitalización. Para que tenga éxito necesitamos contar con la participación de todos los sectores económicos, sociales y políticos del país. Espero que todos estemos a la altura del desafío.”
También lo esperamos nosotros. Por lo que respecta a CCOO, tal y como explicó en la Jornada del miércoles nuestro secretario de Política Industrial, José Manuel Casado, dirige sus propuestas y reivindicaciones a garantizar la reconversión industrial de las regiones en transición, para que no pierdan ni actividad ni empleo; y a impedir que las innovaciones tecnológicas o las ambiciones empresariales se sitúen por encima de las afectaciones sociales, éticas y políticas.
En CLM, unas 10.000 personas trabajan ahora en el sector energético; y alrededor de la mitad lo hacen ya en energías renovables. Afrontamos, sí; un gran desafío: garantizar un futuro sostenible e integrador. No podemos eludirlo. Pero, con todas las dificultades que entraña, creemos que nuestra región tiene mucho que ganar en el proceso.
Nos reafirman en este convencimiento los anuncios trasladados por Patricia Franco y por Rosa Juárez en la jornada del pasado miércoles: La firme apuesta y las potentes inversiones de Repsol en la reconversión de su complejo industrial de Puertollano. El gran número de proyectos de inversión relacionados con la transición energética ya identificados por el Gobierno de CLM para su inclusión en los fondos Next Generation. La atención a la formación y recualificación de personas desempleadas en cuestiones relacionadas con la transición energética y la mejora de la eficiencia energética…
Y, también, los compromisos de la consejera y de las representantes de Repsol en materia de diálogo social, su reconocimiento expreso de que es imprescindible que la Transición Energética sea justa, y eso solo es posible con la participación de quienes tenemos el mandato constitucional de defender los intereses de las/os trabajadoras/es.
