La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, denuncia la elevada siniestralidad que se padece en Castilla-La Mancha y vuelve a reclamar actuaciones urgentes para poner fin a los accidentes laborales, que el pasado año provocaron 37 fallecimientos en la región.
CSIF resalta que es fundamental que todas las partes (Gobierno central y autonómicos; empresas, administraciones, mutuas, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, servicios de prevención, personas trabajadoras y representantes sindicales) asuman su responsabilidad en materia preventiva
De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2022 se produjeron 37 fallecimientos, 5 más que el año anterior; y también aumentaron los accidentes: 2.619 más que el año anterior hasta situarse en un total de 31.021.
El fomento de un entorno laboral seguro, lamentablemente, no figura entre las prioridades de las administraciones y empresas, aunque han pasado 28 años desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
Entre las soluciones, CSIF destaca la necesaria dotación de recursos humanos y materiales; aumento de la vigilancia y sanciones a las empresas que no cumplan las normas, así como educación social en esta materia.
No en vano, los sistemas de gestión de prevención no cuentan habitualmente con los medios y recursos necesarios, y a pesar de los anuncios y promesas todo queda en papel mojado. Deben dimensionarse adecuadamente los recursos humanos de los servicios de prevención.
Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está sobrepasada: tiene apenas 2.200 inspectores y subinspectores que interactúan con 1,4 millones de empresas. CSIF exige refuerzos para agilizar su actuación en aquellas empresas y administraciones que no protegen adecuadamente a sus trabajadores.
Asimismo, el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha 2022-26, firmado entre el Gobierno regional, CCOO, UGT y Cecam y dotado con 40 millones de euros, no ha servido para reducir la siniestralidad. De hecho, en 2022 aumentó la siniestralidad hasta el punto de que cada día se registraban 85 accidentes en la región, además de la insoportable cifra de 37 fallecidos. CSIF recuerda que las tres organizaciones han recibido subvenciones y ayudas por un montante superior a los 53,6 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico.
Por último, CSIF reclama que se activen los protocolos por altas temperaturas en todas las administraciones públicas y en los trabajos en el exterior como construcción, limpieza viaria, Correos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado… el pasado año vivimos episodios sucesivos de olas de calor, incluso con muertes, y no podemos permitir que se vuelva a producir.
