Así lo anunciaba el concejal de Izquierda Unida, Gregorio Sánchez, que, reiterando las carencias, que en su día ya expresaron con la aprobación de los pliegos de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Valdepeñas, se refería al mismo señalado que “en su día la nueva contratación por valor de 2.000.000 de € y tres años de duración empezó mal, con carencias manifiestas, y va a terminar peor”.
Un procedimiento de contratación que ya fue paralizado en julio ante la obligatoriedad de que la actual empresa concesionaria (Ferrovial Servicios, S.A.), como empleadora de los trabajadores afectados, proporcionara toda la información al órgano de contratación necesaria para calcular los costes laborales para que éste, cumpliendo la obligación que le incumbe, a su vez, la comunicara a los licitadores en los pliegos.
Para Izquierda Unida, el hecho que según consta en el decreto de alcaldía de reanudación del plazo de presentación de ofertas, la actual concesionaria señalara que no existe ningún pago ni litigio pendiente con la plantilla, cuando la realidad es que 15 auxiliares de ayuda a domicilio que integran la plantilla de dicho servicio, tienen interpuesta una reclamación de cantidades, de hasta los 372 euros en las nóminas del pasado mes de abril, contra la actual adjudicataria, y que habiéndose celebrado hasta en dos ocasiones actos de conciliación ante el Servicio de Mediación y Arbitraje de Ciudad Real, sin avenencia o acuerdo, y sujetos al artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público que determina la obligación de información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo. Señalando que debe ser la empresa que viniese efectuando la prestación y que tiene la condición de empleadora de los trabajadores afectados, la que debe proporcionar toda la información al órgano de contratación necesaria para calcular los costes laborales. Cuestión ésta que entendemos no se ha hecho con toda veracidad.
Y que, atendiendo, en palabras de Sánchez, a que la omisión de información relativa al personal a subrogar constituye una vulneración de los principios rectores en materia de contratación pública, concretamente de los principios de transparencia y de igualdad de trato, y por lo tanto no cabe sino concluir que dicho defecto vicia el pliego objeto de contratación y posibilita la impugnación por nulidad del mismo, ha instado a la derogación del contrato.
Desde IU, han recordado que desde el primer momento avisaron que estarían vigilantes durante todo el proceso y que serían especialmente beligerantes con ofertas económicas a la baja que luego derivan en despidos o recortes salariales, con los impagos o retrasos en los abonos de los salarios de las trabajadoras del SAD y sobre todo, con la presentación del servicio y control de calidad ante las personas dependientes y beneficiarias del mismo en Valdepeñas.
