Cuadernos Manchegos
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Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos reclama a Planas que corrija la definición de agricultor activo de la Propuesta para la elaboración del Plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) de España en la que se trabajó en la Conferencia Sectorial de Agricultura del 14 de julio.

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La organización agraria considera fundamental esta corrección de cara a la nueva Conferencia Sectorial que abordará el contenido del Plan Estratégico español de la nueva PAC en septiembre y así lo está pidiendo este viernes en la manifestación que se celebra en Valladolid convocada por UCCL, su unión en la región castellanoleonesa y seguirá haciendo en próximas movilizaciones también a nivel estatal.

Unión de Uniones pide que el uso de las opciones facultativas en materia de ayudas asociadas a la producción y de ecoesquemas estén encaminadas a lograr una renta viable, ya que, a estas alturas no se han tenido en cuenta los elevados impactos negativos en la renta del agricultor profesional que conllevará la regulación europea de la nueva PAC.

La organización recuerda que a la reducción de un 1,46% (ayudas de 2023 versus las de 2020) del límite máximo de ayudas directas (LMAD), se deben sumar otros factores como la no devolución de la dotación de la reserva de crisis en caso de no usarse (hasta ahora, de 2015 a 2020 se ha devuelto cada año), la dotación de un 23% del LMAD a ecoesquemas (medidas a favor de la lucha contra el cambio climático , el medio ambiente o el bienestar animal limitadas, a compensar total o parcialmente sobre costes o lucros cesantes que conllevan), así como el uso íntegro de la ayuda suplementaria a los jóvenes los cinco primeros años de su incorporación, el mayor uso de ayudas asociadas a la producción y el refuerzo de la condicionalidad (requisitos legales de gestión y normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de las tierras, que incorporará a partir de 2023 también requisitos laborales) de las ayudas directas de la PAC. Estas ayudas comportarán, de entrada, una reducción del 29,22% de los fondos destinados a sostener la renta para una amplia mayoría de los agricultores.

Asimismo, la organización explica que la nueva PAC incrementará un 53,71% los fondos de las ayudas directas dirigidas a justificar medioambientalmente (básicamente costes adicionales o lucros cesantes), y pasará de 1.468 millones de euros en 2020 a 2.256,6 millones de euros el 2023. A la vez, en el desarrollo rural financiado por la Unión Europea también se deberá destinar al menos un 40% de estos fondos europeos a medidas medioambientales, mientras que en el período precedente sólo se debía destinar al menos un 30% de estos fondos. En cuanto a las ayudas directas a la renta (asociados o disociados de la producción), disminuyen un 25% y pasan de 3.486,4 millones de euros en 2020 a 2.615,4 millones de euros en 2023. A esto, además, habría que sumarle las reducciones y costes adicionales de la convergencia de las ayudas directas de la producción entre 2022 y el 2026 que sufrirán muchos profesionales y explotaciones prioritarias y que en algunos casos son muy importantes.

Reciclar más. Mejor. Siempre

En este marco, Unión de Uniones considera que es fundamental que el mínimo para demostrar que se ejerce la actividad agrícola baje a 1.250€ tal y descartar el umbral de hasta los 5.000€ propuesto por el Ministerio, ya que permitiría que cualquier propietario de tierra cobre una ayuda de la PAC, aunque no ejerza la actividad. “Así, las exigencias recaen sobre el agricultor profesional, y al que no lo es, se le otorga vía libre sin compromisos ni exigencias”, señalan.

En conjunto, de no corregirse esta definición y si no se orientan adecuadamente las ayudas los recortes descritos implicarán reducciones entre un 20% y 80% respecto a las ayudas a la renta percibidas en la última campaña liquidada de 2020, reducciones que afectarán de forma más grave a quienes viven de esta actividad.

“Con estas cifras creemos que es importante enfocar la mirada hacia el agricultor profesional”, comentan desde Unión de Uniones. “Son las explotaciones profesionales las que vertebran el tejido laboral y social en el medio rural y pedimos una discriminación positiva para que puedan seguir haciéndolo ya que ahora están en peligro de extinción”.