Desde el Partido Popular de Tomelloso queremos sumarnos al llamamiento que, el pasado jueves, día 5 de marzo de 2020, realizaban los representantes de ASAJA, COAG y UPA en nuestra localidad, en el que solicitaban a los vecinos de Tomelloso y su comarca que se unieran a la manifestación en defensa de los agricultores y ganaderos, convocada para el próximo lunes, día 9 de marzo de 2020, cortando la Autovía de los Viñedos, a la altura del tramo comprendido entre las rotondas de las carreteras de Socuéllamos y Pedro Muñoz. Una reivindicación que merece todo nuestro respeto y apoyo, al ser la ganadería, pero sobre todo la agricultura, el principal motor económico de nuestra localidad.
Así pues y, desde el Partido Popular de Tomelloso, consideramos que dichos sectores no están siendo atendidos como se merecen, al tenerse que enfrentar, durante los últimos meses, a una constante lucha por sus derechos laborales, en favor de unos precios justos que permitan que su mercado sea rentable. Entendemos, por lo tanto, que los agricultores y ganaderos se manifiesten en la calle puesto que lo están pasando realmente mal, no sólo por tener que vender sus productos por debajo de los costes de producción, sino también otros problemas añadidos como la provocada por los productos que son importados de otros países, el haber perdido renta agraria en los últimos años o el recorte de la PAC que se avecina.
En este sentido y, desde el Partido Popular de Tomelloso, apoyamos que las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas estén solicitando a los gobiernos socialistas central, regional y local la reducción del 35% de la factura del gasóleo, del IVA de insumos, así como bonificaciones en la Seguridad Social, entre otras medidas. Mucho más si tenemos en cuenta que el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García Page, debe 115 millones de euros a los jóvenes agricultores y ganaderos de la región, como consecuencia de las convocatorias de los últimos años de inversiones en explotaciones agrarias, para los que no ha habido suficiente partida presupuestaria. Lo mismo ocurre con los 135 millones en concepto de liquidación del IVA del año 2017 que el gobierno central debe a Castilla-La Mancha. Una deuda que se podría destinar a compensar los costes de producción o a la injusta variación de precios desde que el producto sale de la tierra hasta que llega hasta nuestras tiendas.
