Las reivindicaciones de los agricultores que se están produciendo en distintas provincias de España indican el general descontento que existe entre los productores agrarios por los bajos precios que perciben por sus productos, añadido a la cadena de distribución que llega al mercado con unas diferencias entre el precio de compra al agricultor y el precio de venta en el mercado con oscilaciones variables pero que pueden llegar al 300 por cien del producto en origen de algunos productos.
Evidentemente esta problemática no es nueva y ha venido ocurriendo desde siempre, ya que el agricultor no domina los precios en el mercado una vez que sus producciones son comercializadas por otros, como tampoco domina los precios que puede exigir por sus productos a nivel de campo.
Estas consideraciones previas tienen unos contenidos muy complejos y heterogéneos producidos por la gran diversidad de tipos de agricultores, del tipo de agricultura y en definitiva del tipo o modelo de explotaciones agrarias.
De forma muy sencilla podemos explicar que cualquier explotación agraria tiene distinta estructura y modalidad, pero que en definitiva todas pretenden los mismos objetivos que son los de conseguir unos resultados económicos como el de cualquier otra empresa de otro sector: producir la mejor calidad posible de producto, vender a precios rentables y obtener unos beneficios y esa situación es relativamente sencilla para cualquier empresa que no es otra que saber los costes de producción de cada producto e incluirle un valor añadido en concepto de beneficio empresarial.
En este objetivo poco se diferencia de otro tipo de empresa que no sea agrícola.
Empecemos por el principio como es debido.
Cualquier agricultor sabe y conoce cuáles son sus gastos en su explotación y también debe conocer sus costes de producción para cada cultivo que maneja. A partir de esas cifras se hace necesario recapacitar sobre algunos aspectos que son los que inciden en estas manifestaciones que son de todo punto razonables y por las que el agricultor manifiesta su descontento.
Antes de comenzar con este examen de los agricultores, de los cultivos y de las explotaciones agrarias, me parece oportuno hacer algunas consideraciones relativas al concepto de explotación agraria.
En Tomelloso no existen grandes latifundios, por lo que el tipo de explotaciones que existen en nuestras parcelas son casi generalmente de agricultores vamos a llamarlos autónomos, que son aquellos que reúnen tres requisitos: tiene que actuar como empresarios, como propietarios,
y como trabajadores al mismo tiempo. No queremos olvidar que también existen explotaciones donde el titular no depende totalmente de su explotación, por disponer de otros recursos no agrarios y también, los menos, de agricultores que son propietarios, empresarios pero no trabajan directamente y lo realizan con trabajadores y actúan como jefes de explotación y, repetimos, que el tipo de agricultor más numeroso y más frecuente en Tomelloso es el agricultor-cultivador.
Si nos referimos a los tipos de explotación vemos muchas clases: las que disponen de monocultivo, en nuestra caso de Tomelloso viña, bien en secano, en regadío y en vaso y/o espaldera; los agricultores con viña y cereal como alternativa; los agricultores propiamente de regadío en los que se incluye los que, además cultivar viña, siembran otros cultivos herbáceos, además de cereal; agricultores mixtos como los que disponen de viña y almendros, olivos o pistachos y por fin los agricultores propiamente de regadío, cuyas producciones se limitan a plantas herbáceas de regadío: melones, sandías, pimientos y otros. Este tipo de explotaciones, reciban o no las ayudas de la P.A.C., tienen lógicamente distintas opciones y muchas de ellas disponen de unas, podíamos decir ventajas, que es la posibilidad de variar de cultivos por campañas y dedicarlos a otros aprovechamientos, especialmente, y casi únicamente, a los que se dedican a cultivos herbáceos, muchos de ellos se trata de arrendatarios de tierras que aprovechan para estos cultivos que podemos llamar especulativos.
Hemos planteado una exposición real de nuestras distintas explotaciones y agricultores y ahora es el momento de plantearnos cuáles son las situaciones económicas de nuestras explotaciones.
Sería muy complejo, largo y exhaustivo el poder determinar para cada modelo de explotación lo que podríamos llamar gastos de los cultivos y gasto de la explotación, pero, afirmándonos en las solicitudes que proponen los manifestantes, parece ser que hablar de precios razonables de venta de los productos obtenidos en el campo por los agricultores, correspondería a los gastos reales por cultivo más el beneficio correspondiente por el trabajo y esfuerzo práctico realizado y que fuera recompensado.
Los gastos reales de un cultivo vendrían dados por los importes de los fertilizantes, los productos fitosanitarios, los gastos de siembra, los gastos de recolección, los gastos de la maquinaria empleada, la mano de obra utilizada, que hemos de considerarlo como los inherentes al propio cultivo y a los que podíamos incluir la ponderación de la proporción de gastos fijos de la explotación general cuando el cultivo no sea único.
En la realidad el agricultor discrimina este concepto integral de la explotación y solamente implica como gasto los conceptos variables del cultivo antes mencionados, pero nunca los gastos fijos.
De esta forma llegamos a la conclusión que evidentemente lo que llamamos precios justos serían los correspondientes a estos gastos antes mencionados incrementando en lo que hemos indicado del beneficio del agricultor, que debe ser estimado, porque no admitimos que al agricultor se le pague únicamente por sus costos de producción, ya que en definitiva es un empresario más.
La situación real es que el agricultor no pone nunca el precio de sus productos, sino que son los compradores, corredores, grandes empresas y/o grandes superficies los que establecen anualmente estas cotizaciones para cada campaña en función de lo que ellos llaman demanda del mercado y la demanda del mercado no es otra cosa que la permanencia de unos determinados precios en el mercado en función del volumen que se comercialice al consumidor a un precio establecido. Cuando la demanda en el mercado de un producto agrícola en concreto a un determinado precio disminuya considerablemente, los precios de venta al consumidor deben descender, aspecto parece ser que tiene que afectar directamente al productor, dependiendo lógicamente de otros factores, como el stockaje del distribuidor, el tipo de producto y su periodo de conservación y otros.
Mientras el agricultor no pueda influir en el mercado a la hora de establecer unos precios razonables se hace necesario buscar aspectos que puedan abrir un escenario más congruente del que actualmente disponemos.
¿Cuáles son esas soluciones posibles?
Hemos de reconocer que ya se han realizado a los largo de muchos años a partir de los primeros treinta años del siglo XX la explosión de las entidades cooperativas agrarias, que, entre otros muchas objetivos sociales, disponían de la posibilidad de agrupar producciones para tener un potencial de oferta que pudiera unificar precios rentables por el poder que representa almacenar y disponer de un volumen importante de un determinado producto. No ha sido poca la labor desarrollada por el sector cooperativo e indudablemente ha sido un gran soporte a la hora de establecer ciertas referencias de precios de unos o varios productos en concreto.
No debemos olvidar que nos encontramos en un mercado de libre comercio y no se hace necesario intervenir, ni tan siquiera cautelarmente, de forma administrativa ningún producto, ni enmarcar pautas de actuación que las estrictamente definidas en las normas de la higiene alimentaria.
En estas justificada manifestaciones de los agricultores en defensa de sus cosechas no hemos escuchado ninguna aportación a las posibles soluciones que permitan garantizar al agricultor unos precios justos por sus productos, habiéndose basado en estas propias reclamaciones y, como es natural, tampoco los posibles pasos para poder dar una seguridad de comercio, y en estos casos siempre se termina reclamando a la administración política.
No somos quién para aportar una solución porque indudablemente debe ser el propio sector con sus agricultores, sus asociaciones, sus sindicatos, sus propias empresas de productores las que han de definir sus apuestas de futuro, porque no sirve decir que los márgenes comerciales de los intermediarios son excesivas, con la explicación que ello permitiría tener unos precios más bajos al consumidor, porque ello no supondría un aumento de los precios al productor.
Por ese motivo nos atrevemos a buscar posibles aportaciones a solventar o mejorar la situación actual, aunque algunas se encuentran ya practicadas y se pueden mejorar y otras no tienen unas posibilidades más inmediatas ni posiblemente de futuro, pero son las que hemos oído y comentado a personas del sector.
Para determinados productos sería necesario una fijación de costes de producción mínimos para la venta que se mantuviera en todo el sector para ese producto en cada campaña o fase de recolección.
Que los asociaciones, cooperativas, grupos, dispusieran de un sistema diario en campaña de información nacional suficiente y precisa del movimiento del mercado tanto interior como exterior en cuanto a producciones, ofertas, previsiones de futuro e información de los mercados y no de la información que nos proporcionan los compradores.
Que para muchos productos se realizarán contratos o compromisos previos con los productores por parte de las compradores o distribuidores, aspectos que actualmente se están realizando para determinados productos agrícolas y que estos contratos o acuerdos tuvieran validez oficial.
En su caso, formalizar acuerdos previos de producción entre las distintas cooperativas implicadas para algunos productos específicos, sabiendo que supone una estrategia de difícil acuerdo por la diversidad y dispersión geográfica de determinados productos agrarios.
Se ha expuesto en algunos comentarios y otras opiniones la necesidad que la administración estatal establezca márgenes comerciales obligatorios para los mecanismo de compra, almacenamiento y posterior venta de los productos del campo y establecer acuerdos entre distintos intermediarios comerciales.
Que los propios productores de forma organizada, bien sectorialmente o en integración, se transformen, previos los trámites y agrupaciones correspondientes en sus propios gestores comerciales, bien de venta directa en los mercados o bien como gestores el proceso comercial, existiendo actualmente algunos productores que de una manera más o menos precisa intervienen en este proceso.
Que los propios productores, a través de sus organizaciones, mantengan un criterio firme de precios por campañas y épocas.
Que de alguna manera se regule la entrada de ciertos productos que efectúan clara competencia comercial de países que no pertenezcan a la Unión Europea.
Podríamos incluir algunos criterios que se han venido utilizando en comentarios públicos y reuniones de profesionales, pero entendemos que la dinámica de mercado en un país dentro de la Unión Europea y de libertad de mercado, no es fácil establecer una normativa, porque lo bonito sería que cada agricultor supiera de antemano a cuánto va a cobrar su producto al inicio de campaña, pero ello, además e frenar el dinamismo de los mercados, produciría en muchos casos un inmovilismos para ciertos productos y un desabastecimiento en la oferta de otros, así como un desequilibrio manifiesto de los mercados.
Hemos siempre de entender que el mercado tiene su propio dinamismo y en ningún caso es firme y continuo, ni tan siquiera en el mismo día y esas variaciones y fluctuaciones dan como consecuencia la correspondiente variación de precios en los mercados que son los que mueven el comercio.
Queda expuesto que los mecanismos de mercado marcan la evolución de la demanda de los mercados y los precios son los estimulantes o reductores de estas cotizaciones y que el agricultor está expuesto a estas fluctuaciones sin que en ningún momento se pueda establecer una garantía de cotización a cada uno de los productos.
De forma particular y a nivel personal creo que las posibles aportaciones que se realicen para dar una garantía a los precios de los productos agrícolas producidos por nuestros agricultores deben partir del propio sector, que está obligado a convertirse en el propio gestor comercial y económico de sus producciones y que no resulta tan complicado como a primera vista parece, porque es imprescindible demostrar que el potencial de suministro y el potencial de producción está en el campo y no en los intermediarios.
