En las jornadas sobre caminos públicos y vías pecuarias celebradas el fin de semana pasado en Toledo, representantes de más de una treintena de organizaciones de todo el Estado español reclamaron al nuevo Gobierno una ley estatal que ponga fin al expolio de los caminos públicos.
Las XIII Jornadas la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) integrada por organizaciones senderistas, ecologistas, vecinales, ciclistas y camineras, se dieron cita en la capital castellanomanchega para denunciar la pérdida y usurpación de los caminos públicos y de las vías pecuarias.
Los asistentes pusieron de manifiesto que el panorama de cortes, cierres, usurpaciones e incluso venta de caminos públicos en muchos municipios es un problema generalizado en todo el Estado español.
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos llama la atención ante la dejación de funciones de las administraciones en la defensa de los caminos públicos y vías pecuarias. Las comunidades autónoma más afectadas por el cierre de caminos son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Castilla y León, etc.
Los participantes en las jornadas, entre los cuales había numerosos alcaldes, denunciaron que el campo se está convirtiendo en un lugar intransitable.
Los caminos se ocupan y se cierran en muchos casos con grandes vallados por los propietarios de fincas. Además, en CLM abundan los grandes cotos que practican una ‘caza industrial’ que prohíbe el paso por los caminos.
Todo esto impide el libre tránsito por el medio natural, el acceso al campo y la imposibilidad de practicar deportes como el ciclismo o el senderismo. Las asociaciones en defensa de los caminos públicos recuerdan que la Constitución, en su Artículo 45 señala que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
En estas jornadas se ha contado con la participación de agentes ambientales que han expuesto las dificultades a las que se enfrentan cada día para realizar su trabajo ante el cierre de los caminos.
Los agentes de la autoridad no son bien recibidos por los propietarios que usurpan estas vías de comunicación. Además, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos denunció la inacción de muchos ayuntamientos ante el cierre de caminos, a pesar de su potestad de actuar de oficio ante dichos cierres. Sin embargo, algunos ayuntamientos han llegado a vender estos bienes públicos.
Por ello, la PICP recuerda que la Ley de Régimen local y el reglamento de Bienes de las entidades locales establecen que los caminos públicos son inalienables, imprescriptibles y inembargables. También la PICP recuerda a los ayuntamientos su obligación de hacer un inventario de caminos públicos y registrarlos.
Una ley estatal de caminos públicos
Ante esta problemática, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos alerta a la Administración central que vivimos en un momento de pérdida de nuestro patrimonio público, entre ellos los caminos.
Por ello, solicita al nuevo Gobierno que elabore una ley estatal de caminos públicos.
Durante estas jornadas de caminos también se han dado a conocer algunos avances jurídicos en la protección de estas vías de comunicación, lo que aumenta la esperanza de los defensores de este patrimonio público. Muchas asociaciones camineras están recurriendo a la justicia gratuita para defender este patrimonio, instrumento que reconoce el Convenio de Aarhus.
la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos acordó volver a celebrar el año que viene, una segunda convocatoria del Día de las Vías Pecuarias. Por ello, el 29 de marzo de 2020 las organizaciones que componen la PICP celebrarán en sus territorios esta jornada con actividades reivindicativas.
Todas las asociaciones camineras coinciden en la necesidad de regular a través de una normativa estatal esta apropiación de los caminos públicos.
