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Cuadernos Manchegos
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Izquierda Unida pone sobre aviso a la JCCM, para que esta no se desentienda de las condiciones laborales de los trabajadores que están contratados por las empresas que a su vez, estas están contratadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para prestar un servicio de forma externalizada a la administración pública.

Esta reclamación se hace, al conocer Izquierda Unida que ya hay alguna empresa que tiene un contrato con la JCCM, que ha sido infractora de la Ley, con carácter grave, en el artículo 12.16.f) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE del 08.08.2000), y 45.1 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Mario García, Coordinador Provincial de IU Toledo ha manifestado: "Cuando la JCCM privatiza o mantiene privatizado un servicio en su ámbito, no sólo está perjudicando a las condiciones laborales básicas de los trabajadores y trabajadoras, sino que está exponiendo a estos, a que las condiciones coyunturales o puntuales, como está siendo la crisis sanitaria por el COVID-19, puedan afectar muy negativamente a las condiciones laborales de estos trabajadores".

Estas declaraciones las hacía el Coordinador y Diputado Provincial de Izquierda Unida Toledo, en evidente referencia a la negativa de su formación a que existan, por parte de las administraciones públicas, privatizaciones a través de contratos "millonarios" con empresas privadas, que estimulan que las condiciones laborales de los trabajadores no sean las mejores, o al menos las mismas que para los trabajadores públicos.

Izquierda Unida es partidaria de que la oferta de empleo público, además de ser una alternativa para la reconstrucción de la región, es la más conveniente y acertada, no solo para trabajadores y trabajadoras, sino para el conjunto de castellanomanchegos, por las repercusiones negativas que en materia económica; conllevan los contratos privados en la economía pública de Castilla-La Mancha.

"Una vez más, nos encontramos con otro ejemplo de como las privatizaciones que hace la JCCM para la prestación de servicios, toman como "rehenes" a los trabajadores, mientras contratante y contratista negocian las condiciones que más les pueda favorecer o interesar, sin tener en cuenta las de los y las trabajadoras", ha manifestado García.

Con todo esto, Izquierda Unida exige a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que no se desentienda y abandone a trabajadores y trabajadoras de empresas privadas que prestan servicios en centros dependientes de la JCCM, ya que la firma de un contrato de privatización no es una licencia para desentenderse de los trabajadores.

La JCCM, dicen en IU, debe estar vigilante y controlando que todas las medidas y protocolos de seguridad se cumplen en los centros de trabajo dependientes de esta, máxime ahora que el coronavirus COVID-19 provoca un riesgo real y en potencia para los trabajadores y trabajadoras, especialmente en aquellos que desarrollan su trabajo en centros donde deben aplicarse las medidas preventivas del RD 664/1997 en tareas de limpieza donde pueda existir contacto con residuos corporales o restos biológicos en tareas de limpieza y lavandería (guarderías, hospitales, residencias de ancianos, y de personas con enfermedades físicas o psíquicas), como es el caso de alguna de las empresas infractoras y que han sido incumplidoras por exponer en un riesgo grave a la integridad física o la salud de los trabajadores, en materia de medidas de protección colectiva o individual, al no proveerles de EPIs frente al COVID-19, cuando el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha manifestado en algún caso, que la empresa podría haber adquirido sin problemas los EPIs.