El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre incremento retributivo del sector público en 2020, en consonancia con los compromisos asumidos con los sindicatos en materia de función pública.
En Castilla-La Mancha, un total de 133.757 empleadas y empleados públicos de todas las Administraciones se verán beneficiados por esta medida. (17.000 de la Administración Pública Estatal; 73.370 de la Administración Autonómica, 39.936 de la Administración Local y 3.451 de las Universidades)
El Gobierno garantiza, con la aprobación del Real Decreto-ley, que el incremento se hace efectivo desde el 1 de enero de 2020. La subida salarial se aplica a las empleadas y empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, lo que representa que se van a incrementar las retribuciones de más de 2,5 millones de empleados públicos.
Con la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros se reconoce la dedicación, esfuerzo y profesionalidad de quienes se dedican al servicio público. El Gobierno cumple así el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar sus condiciones retributivas desde el primer día de 2020.
El incremento de las retribuciones para 2020 establece las siguientes previsiones:
- Un incremento fijo del 2% de las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos con efectos 1 de enero.
- Un incremento variable, en función del crecimiento del PIB de 2019.
En el caso de la retribución variable del 1% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5% (los porcentajes variables según el crecimiento del PIB quedan reflejados en la tabla resumen de incrementos).
RESUMEN INCREMENTOS RETRIBUTIVOS FIJOS Y VARIABLES 2020
FIJO 2%
PIB 2,1 en 2019 0,20%
PIB 2,2 en 2019 0,40%
PIB 2,3 en 2019 0,60%
PIB 2,4 en 2019 0,80%
PIB 2,5 o superior en 2019 1%
Al margen de las cuantías establecidas anteriormente, se podrá autorizar un incremento de la masa salarial del 0,30%, como fondos adicionales para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva.
El coste del Real Decreto-ley, se calcula que ascenderá a 3.212 millones de euros.
