La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muestra su oposición a la medida de la Consejería de Educación de atender en casos puntuales a alumnos de 2° de Bachillerato y segundos cursos de grado medio y superior de Formación Profesional, y la posibilidad de extenderlo a 4º de ESO. Además del riesgo de contagio, estas medidas perjudican la conciliación laboral y familiar de los docentes, ya que la vuelta a la actividad se realiza en un escenario en el que otros recursos para la atención de los hijos y las personas mayores continúan cerrados.
El punto de partida de CSIF es que los alumnos, docentes y el resto de trabajadores de los centros educativos no regresen a las aulas, ya que no se dan las condiciones sanitarias necesarias para la vuelta antes del 30 de junio. Ahora, la falta de liderazgo del Ministerio de Educación, que abría las puertas a que las comunidades autónomas tomasen la decisión, ha dejado contra las cuerdas al Gobierno regional y a la Consejería de Educación.
En lo único en lo que se ha mostrado de acuerdo CSIF es en que no se abrirán las aulas para Educación Infantil, de 0 a 6 años, ni de Educación Especial.
El sindicato considera que la Consejería de Educación continúa sin tener claro cómo afrontar la conclusión del presente curso académico, por ejemplo en cuanto a pruebas de acceso a ciclos de FP. Además, todavía no ha planteado los diferentes escenarios en el regreso a las aulas en septiembre, si es que las autoridades sanitarias así lo permiten.
El sindicato demanda agilidad y decisión a la Consejería para no caer de nuevo en la improvisación, ya que hasta el momento ha demostrado una escasa operatividad, tal y como se evidencia en la reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral que se ha celebrado hoy a pesar de que CSIF la había solicitado hace dos semanas: el Comité se ha centrado únicamente en la aplicación de la fase I cuando desde el pasado lunes Cuenca y Guadalajara ya se encuentran en este estadio del plan de desescalada.
El sindicato recuerda que el 12 de marzo el presidente regional, Emiliano García-Page, acusó a los docentes de que con el cierre de los centros educativos sólo buscaban unos días de vacaciones y afirmó que los centros educativos de Castilla-La Mancha los había cerrado el Gobierno central y no él, por lo que se volverían a abrir cuando el Ministerio de Educación lo dijera, pero ayer la Administración central daba poder de decisión a las comunidades autónomas. CSIF recuerda la terrible incidencia del coronavirus en la región, con la mayor tasa de mortalidad de todo el país, con 141 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
Antes de la incorporación a las aulas, CSIF exige la realización de test a todos los alumnos, docentes y trabajadores de los centros educativos, ya que después de dos meses de confinamiento no se puede contemplar un posible retroceso por una decisión precipitada. Además, la Consejería debería prever una partida económica para sustituir a los docentes considerados de alto riesgo: una primera estimación de CSIF calcula que al menos el 10% de los trabajadores de los centros educativos se hallan en este grupo.
SIN SEGURIDAD
A la improvisación que está demostrando la Consejería se suma el planteamiento de unas instrucciones en el Comité de Seguridad y Salud Laboral que limitan las que hizo públicas ayer el Ministerio, en las que se primaba el teletrabajo en los centros educativos mientras que en Castilla-La Mancha se ha omitido esa parte. Los docentes están aportando sus recursos (ordenadores, tablets, móviles y conexión a internet) y su tiempo para formarse sin que la Consejería haya valorado su trabajo.
A CSIF le parece que este documento es inconcreto y deja en una situación incómoda a los equipos directivos, dado que se sugiere que sean ellos los que determinen qué profesores deberían ir al centro. Y además obligan a que los centros, a través de sus presupuestos económicos exiguos, que provean de los materiales de higiene y de protección para abordar una vuelta de los trabajadores.
Además, CSIF exige a la Consejería que limite la carga burocrática que están soportando los docentes de nuestra Comunidad y especialmente los equipos directivos.
CSIF reitera que no existe ninguna garantía sanitaria o necesidad pedagógica para posibilitar la vuelta a las aulas antes del 30 de junio. Además, la situación del profesorado es crítica debido al estrés al que está sometido por la falta de medios, de instrucciones claras y por el exceso de burocracia que ven innecesaria. Recae en ellos toda la responsabilidad sin que, en ningún caso, vean atendidas sus necesidades y opiniones.
