Izquierda Unida Castilla-La Mancha pide que se recoja el derecho humano al agua en el futuro Pacto Regional por el Agua.

Las propuestas de Izquierda Unida de Castilla La Mancha, parten de la concepción de que el agua es un derecho humano esencial, como ha reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 64/292, de 28 de julio de 2010, y que se trata de un "patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal", reconociéndole valores culturales, sociales, ambientales y económicos, como se dice la Directiva Marco del Agua. A partir de esta concepción política, se articulan las propuestas que esta formación ha llevado al Consejero para que se negocie su inclusión en el texto y que de forma sintetizada son:

• El agua es un Derecho esencial que debe ser gestionado desde la exclusiva esfera de la administración pública.
• El agua no puede ser considerada como una mercancía.
• Debe apartarse el agua del mercadeo que favorece la transacciones poco transparentes y favorece el incremento de regadíos y otras actividades ilegales, por lo que se propone:
• Que su gestión integral sea pública en todos los sentidos y en todos sus niveles.
• Acabar con cualquier cesión de derechos de agua. Quien no haga uso de los derechos para el fin que fueron concedidos se reintegrarán a la Administración competente.
• Elaboración de mapas exhaustivos donde aparezca recogido:
• La procedencia y cantidad de agua extraída en Castilla-La Mancha, tanto superficial como subterránea (masas de agua). 
• Uso y cuantificación del agua de Castilla-La Mancha, tanto legales como ilegales dentro y fuera de la región  Castilla-La Mancha.
• Acabar con el negocio de las grandes constructoras de las políticas hidráulicas.
• Información, transparencia y participación ciudadana.
• Garantizar por Ley el acceso a un mínimo de 100 litros por persona y día aunque el usuario o usaría no pueda hacer frente al pago.
• Gestión absolutamente pública en la creación de la bolsa de agua sin que haya ningún tipo de participación de agentes privados.
• Finalizar con el irresponsable uso del agua como moneda de cambio de luchas partidistas en los contrapesos políticos nacionales y regionales.
• Prioridad de los regadíos sociales.
• Necesidad de acreditar que al menos el 80% de los ingresos proceden de la actividad agrícola para tener la consideración de agricultor.
• Favorecer la evolución gradual del modelo agrario extensivo hacia otro cada día más sostenible, compatibilizando políticas de oferta y de demanda a un mismo nivel.
• El uso ineficiente del agua será sancionado, desarrollando una normativa en este sentido.
• Relevancia de la Universidades Públicas en los programas de investigación, desarrollo e innovación en materia de agua.
• Acabar con el falso e imposible mensaje que pueda alentar  "el agua para todos", dentro y fuera de Castilla-La Mancha.
• Planificación de un modelo de desarrollo sostenible que ponga fin al desmedido e insostenible multiplicación de regadíos y actividades económicas que requiera altos consumos de agua que no puedan ser medioambientálmente garantizado en el futuro.
• Reconocer que las políticas hidráulicas que se han realizado hasta ahora han provocado graves daños ambientales por la sobre-explotación de las aguas superficiales y subterráneas, poniendo en peligro no solo el medio-ambiente sino el propio desarrollo socio-económico dependiente de esa agua.
• Plan de recuperación de los daños medioambientales ocasionados por la sobre-explotación de las aguas superficiales y subterráneas.
• Cierre de los pozos ilegales.
• Propugnar la clausura dentro y fuera de Castilla-La Mancha de regadíos ilegales.
• Programa regional de depuración gestionado directamente desde las administraciones públicas.

En este sentido, Juan Ramón Crespo, coordinador regional de Izquierda Unida de Castila-La Mancha, ha manifestado: "Si recogemos en el Pacto Regional la consideración del agua como derecho humano y no de mercancía asumiríamos que con el agua no solo no se puede mercadear sino que tampoco puede ser moneda de cambio de luchas partidistas en los contrapesos políticos nacionales".

En la formación de izquierdas han manifestado que están dispuestos a hablar de un pacto, pero debemos tratar sin duda el modelo de desarrollo que queremos, ya que si no, aunque usemos todos los medios tecnológicos a nuestro alcance, incluidas las desaladoras, "si mantenemos el actual modelo de desarrollo, no podremos asegurar el agua ni para el abastecimiento humano", ha manifestado Crespo.

En Izquierda Unida de Castilla-La Mancha explican que "si mantenemos el concepto político del agua como un derecho, también se regularán las cesiones entre particulares e incluso se tendría un mayor control público de las obras de infraestructura que siempre van asociadas al agua formando parte ineludible de su negocio", ha manifestado concretamente Txema Fernández.

IU plantea al Consejero que se adhiera a la apelación de la sentencia de los reprobadores de Fraguas y a buscar una solución dialogada al conflicto.

Los representantes de IU no han querido desaprovechar la oportunidad de exponer al Consejero de Agricultura su planteamiento sobre el grupo de jóvenes que reprobaron el municipio de Fraguas en Guadalajara, y que reconstruyeron edificios de los que quedaba poco más que los cimientos, empleando técnicas constructivas tradicionales y sin causar daño a los bienes de uso público, como se reconoció en la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal nº 1 de Guadalajara.

Pero a pesar de ello, en dicha sentencia se condena a los seis repobladores del municipio de Fraguas a un año y seis meses de prisión y una multa de 15 meses. Igualmente se les condena a pagar las costas procesales y los costes de demolición. Esta durísima sentencia ha sido recurrida por la defensa insistiendo en la ausencia de daño ambiental y la menor intervención del ámbito penal.

Por todo ello, Juan Ramón Crespo y Txema Fernández, han instado al Consejero, Francisco Martínez, a que la Consejería de Agricultura de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se adhiera a la apelación de la sentencia, y a buscar una solución dialogada al conflicto y que, en todo caso, emplee otras vías de protección de sus bienes jurídicos, menos gravosos para las personas conforme al principio de intervención mínima que debe regir en el ámbito penal.