La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas inició hace varios meses los procedimientos de resolución de los contratos suscritos con la adjudicataria del servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos en diferentes edificios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras constatar el cumplimiento defectuoso de las condiciones laborales por parte de la adjudicataria, entre ellas, el retraso reiterado en el pago de los salarios a los trabajadores.
En relación con la información difundida hoy por el sindicato CCOO, cabe aclarar que en una resolución firmada el 16 de diciembre de 2019, la secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Macarena Saiz Ramos, notificó a Netalia Servicios Integrales, S.L., adjudicataria del contrato que tenía por objeto prestar el servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos en la sede de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo y centros dependientes, el inicio del procedimiento de resolución del contrato.
Dicha resolución se produjo tras constatar el cumplimiento defectuoso por parte de la adjudicataria de las condiciones laborales, entre ellas, el retraso reiterado en el pago de los salarios a los trabajadores adscritos al contrato.
Esta misma es la causa que se recoge en otra resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, fechada el pasado 3 de febrero, por la que se iniciaba otro expediente de resolución de un contrato adjudicado a esta misma empresa, en este caso, el de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos en la sede de los servicios centrales de las Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ubicada en Toledo.
Además, a finales de 2019 se resolvió definitivamente el contrato que tenía adjudicado la empresa Raspeig para prestar el servicio de limpieza en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF), en este caso por haber incumplido las obligaciones contractuales. Este servicio se adjudicó a otra empresa que está abonando puntualmente las nóminas a las personas trabajadoras.
Como reflejan estas actuaciones iniciadas hace varios meses, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas vela en todo momento por que las empresas adjudicatarias de contratos públicos respeten las obligaciones laborales y sociales recogidas en los pliegos, evitando así cualquier posible perjuicio a los trabajadores.
Unas actuaciones que, igualmente, ponen de manifiesto que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en ningún momento ha hecho el juego a la adjudicataria, como ha indicado CCOO, pero que, como no puede ser de otra manera, se deben acometer respetando los plazos y procedimientos establecidos por la legislación vigente en materia de contratación pública.
Desde la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se han mantenido reuniones con las trabajadoras adscritas a los contratos para proporcionarles información puntual de los procedimientos que se han llevado a cabo hasta la fecha.
