El sindicato Comisiones Obreras exige, de una vez por todas, y después de venir reclamándolo por todos los medios posibles desde el inicio de la emergencia sanitaria, que se realicen las pruebas serológicas a las personas que trabajan en los centros, tanto de mayores como de discapacitados, de Bienestar Social (RM Gregorio Marañón, RM Ntra. Sra. del Carmen, RM Pocitas del Prior y CADIG Guadiana) que ahora se encuentran intervenidos por la autoridad sanitaria, como establece la Resolución de 01-04-2020 de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El personal de estos centros exige de la autoridad sanitaria un trato igualitario con respecto a sus compañeros de categoría dependientes directamente del SESCAM, como es el caso de los Diplomados Universitarios en Enfermería y de los Médicos, además de que esta actuación es a todas luces ineficiente sanitariamente porque de nada sirve diagnosticar solo a una parte del colectivo que trabaja en un mismo centro.
Efectivamente, categorías con un contacto mucho más directo y mantenido en el tiempo, como Auxiliares de Enfermería, Personal de limpieza y servicios domésticos y otras, no han tenido aún acceso a estas pruebas. Se han dado situaciones de personal que se ha destinado temporalmente a unidades donde han estado en contacto con residentes positivos en covid 19, volviendo ahora a sus puestos de origen desconociéndose su estado actual al no haberles realizado test. En este sentido la Administración regional incumple su propia normativa, ya que la Instrucción de 22-04-2020, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 28-4-2020, aprueba el procedimiento de valoración de las personas trabajadoras en las residencias para personas mayores de Castilla-La Mancha con relación a la exposición COVID-19. Incluso a posteriori la Administración se comprometió con los sindicatos a equiparar al personal de los centros residenciales de atención a personas con discapacidad intelectual grave y también a los de menores con el personal de las residencias de mayores. Sin embargo, a fecha de hoy la inmensa mayoría de estas trabajadoras y trabajadores siguen esperando sus pruebas diagnósticas.
Esta dejación de las Consejerías competentes contrasta con las acciones que desde Comisiones Obreras venimos desarrollando desde el comienzo de esta crisis sanitaria tan delicada, que han ido desde la información y asesoramiento a todas las personas trabajadoras en estos centros hasta cuatro denuncias ante la Inspección de Trabajo, pasando por supuesto por solicitudes de equipos de protección individual, test, protocolos y datos de contagios en los cuatro centros de la provincia, desde nuestra representación en el Comité de Seguridad y Salud Laboral de Bienestar Social de Ciudad Real. La Administración no ha convocado este Comité en ningún momento, a pesar de la gravedad de la situación vivida.
Como resultado de nuestras denuncias, la Inspección de Trabajo ha instado a la Administración regional a tomar medidas preventivas acordes con la especial gravedad de la situación de los centros de Bienestar Social contando con los Delegados de Prevención, dándonos la razón de que no pueden quedar impunes la dejadez e irresponsabilidad de la Consejería de Sanidad que se hizo responsable de estos centros y de su personal.
Si para algo ha servido esta crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 es para evidenciar que los centros sociosanitarios deben tener un componente sanitario mucho más fuerte que hasta ahora, además de la necesidad de contar siempre con una cobertura completa de sus plantillas, que habitualmente tienen casi la mitad de sus necesidades de personal sin cubrir.
CC.OO. continúa a disposición de las personas trabajadoras y de la Administración para colaborar en la mejor gestión preventiva de los centros residenciales ante la gravedad de la situación actual que aún no ha finalizado y que requiere del esfuerzo de todas las partes implicadas.
