La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que el Gobierno regional deje fuera a los trabajadores de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADIG) en la realización de pruebas PCR, una negligencia que pone en riesgo la salud y seguridad de los propios empleados y usuarios.
Las diferentes delegaciones provinciales de la Consejería de Sanidad han publicado medidas específicas para evitar la propagación del coronavirus, entre las que se encuentra la realización de pruebas de COVID-19 al personal de residencias de ancianos y centros ocupacionales antes de su reincorporación tras el periodo vacacional, medida que ha salido adelante gracias a la presión ejercida por el sindicato, pero inexplicablemente la Administración ha dejado fuera a los CADIG.
CSIF recuerda que es preciso extremar las precauciones en este tipo de espacios donde conviven personas vulnerables y en los que trabajan personal médico, personal de enfermería, auxiliares de enfermería, personal de limpieza, cocineros, gerocultores, terapeutas, ayuda a domicilio, técnicos de atención a personas dependientes, administrativos… centros dependientes de la Junta de Comunidades que cuentan con perfiles muy diversificados de profesionales a los que es necesario llevar a cabo las pruebas necesarias para evitar que se conviertan en vectores de contagio.
La Central Sindical confía en que al igual que ha sucedido con el personal de las residencias de ancianos y centros ocupacionales se acabe urgentemente con la discriminación hacia los CADIG, que concentran a más de 500 trabajadores en la región.
