La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está procediendo a incorporar presencialmente a sus puestos de trabajo a personal encuadrado dentro del colectivo definido como vulnerable, entre los que se encuentran personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazadas y mayores de 60 años.
Los empleados públicos pueden solicitar un informe al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración regional para dictaminar que entran dentro del colectivo clasificado como grupos vulnerables para COVID-19, pero únicamente están recibiendo un mensaje por correo electrónico en el que se les adjunta el informe que, de manera textual, señala que “se le considera apto/a para la reincorporación efectiva a su puesto de trabajo”.
Para CSIF es evidente que los trabajadores que se han acogido a la categoría de grupo vulnerable son aptos para el puesto de trabajo, pero lo que no dictamina el informe del Servicio de Prevención es si los empleados son o no vulnerables y por tanto si deben ser objeto de especial protección para evitar ser expuestos al riesgo de contagio, además de que no se ha evaluado si los puestos de trabajo son seguros o suponen algún peligro para su salud.
La propia resolución de la Dirección General de la Función Pública de Medidas Organizativas y de Prevención de Riesgos Laborales para la Reincorporación Presencial del Personal, de 10 de mayo, de la mano de la información aportada por el Ministerio de Sanidad, lleva a cabo un reconocimiento de colectivos clasificados como grupos vulnerables para COVID-19, por lo que se está cayendo en una peligrosa contradicción.
CSIF expone que el regreso al trabajo presencial para los empleados públicos encuadrados en el colectivo de vulnerabilidad no debe llevarse a cabo hasta alcanzarse el final del plan de desescalada con la denominada ‘nueva normalidad’.
Asimismo, CSIF también pone de relieve la falta de coordinación entre los diversos servicios de la Administración regional, ya que algunas delegaciones comunican vía correo electrónico el momento de la incorporación y en otras son los propios empleados públicos los que deben ponerse en contacto para conocer qué deben hacer tras recibir el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Además, al no existir una Resolución los empleados públicos no tienen la posibilidad de plantear recurso, lo que genera una total y absoluta indefensión.
La Central Sindical ya denunció el pasado 28 de mayo que la Junta de Comunidades no ha explotado la vía telemática como alternativa laboral y que hay puestos en los que no se han adoptado las medidas de prevención para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios. En este sentido, CSIF presentó un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo contra la Resolución de la Dirección General de Función Pública para la Reincorporación Presencial por vulnerar derechos fundamentales forzando la vuelta al trabajo presencial, así como la Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que regula la prestación de servicios durante esta crisis sanitaria.
