La Delegación de Gobierno en Castilla- La Mancha recibió antes de las fiestas navideñas a la Unión de Uniones de Castilla- La Mancha para abordar cuestiones, que según informa la
organización, son claramente injustas para el agricultor y ganadero de la región.
En lo que a la posible declaración de zona sobre-explotada por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en las masas de agua de Sonseca, Ocaña y Algodor, se refiere, el sindicato agrario informa de que se están denegando concesiones solicitadas en los años anteriores en base a un informe no vinculante y aún menos base legal. Este hecho supone la vulneración del principio de legalidad y seguridad jurídica-
Lo más preocupante es que se está trasvasando caudal del río Tajo en la cabecera del mismo, cuando las zonas que se describen como sobreexplotadas se encuentran aguas abajo. No debería permitirse que una región prive del recurso hídrico a unos ciudadanos para trasvasarlo a otra región. Más aún cuando la viabilidad económica de muchas de las explotaciones actuales y futuras dependerá del riego de los cultivos, por no hablar de lo que supone el trasvase para el caudal del río que en verano parece un arroyo o un río muerto.
¿Cuántas explotaciones agrarias tendrán que echar el cierre por la declaración de zona sobreexplotada mientras se vende el agua de la región? ¿Quién se está beneficiando de esta
situación?
La otra cuestión abordada es la incoherencia de exigir la contratación del seguro agrario para cobrar las ayudas del Real Decreto por la catástrofe climática Filomena por parte del Ministerio de Agricultura. Como sector somos conscientes de la vulnerabilidad que supone estar expuestos a las inclemencias del tiempo y más aún hoy con estas grandes catástrofes climáticas. Y, desde luego el seguro puede ser una solución interesante. Sin embargo, también somos conscientes de que es inviable con los precios actuales de producto de nuestras explotaciones. En el caso del olivar hemos visto cómo pólizas de jóvenes agricultores, sin historial suponían un coste del 30% de los ingresos anuales. ¿Qué empresa puede soportar un coste de un seguro así? Este hecho ha sido trasladado una y otra vez tanto a Consejería como a Ministerio de Agricultura, con el silencio por respuesta.
Con estos antecedentes, nos encontramos ante la aprobación de 60 millones de euros para paliar los daños de Filomena en la agricultura, pero sin opción a desbloquearlos porque apenas un 4% de los olivareros dispone de seguro. Más dañina es la situación cuando dicha partida presupuestaria sigue un reglamento europeo para catástrofes climáticas que nada dice de los seguros agrarios.
