Virgen de las Viñas Tomelloso
Cuadernos Manchegos
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La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado que Page niegue las ayudas por daños de conejo a los agricultores y concedan 547.000 euros a los ecologistas para estudiar el conejo de Castilla-La Mancha.

 

Así se ha manifestado la portavoz parlamentaria popular, tras la pregunta realizada al gobierno en el Pleno de las Cortes regionales, relativa a las medidas que están poniendo en marcha para paliar la sobrepoblación de conejos en la región, donde ha asegurado que “es vergonzoso, indignante y obsceno que el Gobierno de Page lleve 6 años dando la espalda a los agricultores que sufren los daños de conejo y, sin embargo, aprovechen el problema para conceder 547.000€ a los ecologistas para hacer un estudio sobre el conejo de Castilla-La Mancha del que forma parte la propia Consejería de Desarrollo Sostenible”.

 

En este sentido, Merino ha señalado que el conejo es la especie de fauna silvestre que mayores daños provoca a los agricultores, pero el consejero de Desarrollo “Insostenible” no hace nada, “sólo se empeña en destruir lo que somos en Castilla-La Mancha: agricultura y caza”. Merino ha subrayado cómo el Ejecutivo de Page ha abandonado y está llevando a la ruina a los agricultores, perjudicando el rendimiento de las explotaciones agrícolas, permitiendo un daño medioambiental sin precedentes, atacando a la caza y a los cazadores y tomando decisiones sectarias sin criterios técnicos.

 

“Los mismos criterios que han llevado a los socialistas a prohibir la caza del lobo o de la tórtola en todo el territorio español. Una decisión ideológica, sectaria y partidista”, ha indicado Lola Merino.

Por último, la dirigente popular ha pedido al consejero que cumpla con su responsabilidad y obligación, que escuche y ayude a los agricultores, y asuma de una vez su responsabilidad y obligación en la gestión de las zonas de seguridad que son competencia del Gobierno autonómico en carreteras, complejos lagunares, tarayes, cursos fluviales y otras zonas protegidas en las que está prohibido cazar y sirven de refugio y proliferación a los conejos, y que exija al Gobierno de Sánchez que haga lo mismo en las zonas de seguridad que son de competencia nacional.

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