Cuadernos Manchegos
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Ante la dilación en el tiempo de la comunicación oficial a la opinión publica de los estudios de georradar en Vega Baja, con vistas a confirmar o/y ampliar la identificación de restos arqueológicos existentes en la zona, la “Plataforma Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura” hace un llamamiento a través de esta comunicación al Ayuntamiento de Toledo y a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Catilla-La Mancha para solicitar que se haga público en el más breve espacio de tiempo los resultados del este estudio que, según informaciones filtradas por la prensa, vendrían a confirmar lo denunciado retiradamente por esta plataforma de que el yacimiento Vega Baja se extiende más allá del espacio que actualmente está catalogado como BIC y, por lo tanto, hace inviable la construcción del Cuartel en una parcela de la Vega Baja, no sólo por la existencia de restos arqueológicos, ya conocidos y ahora reconfirmados, sino por hallarse en zona de protección de paisaje, y no reunir condiciones de operatividad y de seguridad para la propia instalación y su entorno residencial. Como tampoco sería viable la ubicación del Cuartel en la Peraleda, donde también existen ámbitos de prevención y protección arqueológicos documentados en la Carta Arqueológica de la Ciudad de Toledo, sin contar con la probable existencia de más restos no recogidos en la misma y que, además, cuenta con idéntica protección de paisaje a la de la Vega Baja, a diferencia de otras posibles y alternativas ubicaciones, incluso ya consideradas anteriormente por la administración.

Esta solicitud se hace de acuerdo con los principios de la “Ley de Transparencia” que compromete a las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades como autoridades competentes en la materia, a  hacer pública la información que se demanda, pagada con dinero de todos, que, al parecer, confirma lo ya sabido, y por lo tanto, con un innecesario coste añadido que podría haber sido utilizado para avanzar en el proceso de excavación, conservación y puesta en valor de los restos existentes y negados obstinadamente en declaraciones públicas por el Ayuntamiento, e incluso a instancias del mismo, por el embajador de España ante la UNESCO. En ambos casos, sin fundamento y argumentación alguna, y lo que es peor, sin atender razones de los expertos que insisten en la necesidad de respetar las normas legales de protección de la zona desde 1940 y 1968, recogidas en la documentación de la que el Ministerio de Cultura se sirvió para declarar Toledo como Patrimonio de la Humanidad, en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1986 y en el Plan Especial del Casco Histórico,  además de lo contenido en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha de 2013. 

Por otro lado, esta solicitud de información ha de ser entendida en el contexto de las denuncia por Expoliación presentada por la plataforma “Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura” ante el Ministerio de Cultura, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Patrimonio Histórico Español, y de la denuncia ante la UNESCO en Paris, todo ello por vulneración de las normas de protección de paisaje, por los daños provocados en Vega Baja por las actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, y por los riesgos derivados de las previsiones oficiales de urbanización en este espacio y en su prolongación por la Peraleda, al otro lado del río. Entre los riesgos denunciados se incluyen, además del Cuartel, la consolidación de aparcamientos sobre restos arqueológicos, las 1.300 viviendas planificadas sobre el BIC de Ampliación Vega Baja, a pesar de declaraciones de no ejecutarlas (ya que la Modificación Puntual 28 sigue en vigor, y las palabras se las lleva el viento), las 300 viviendas en el antiguo camping del Circo Romano, y las 98 en el entorno de la ermita del Cristo de la Vega, junto con otros usos dotacionales y terciarios, todas ellas contempladas por la Modificación Puntual 28 del vigente PGMOU de 1986, actualmente en vigor, y las 5.300 viviendas previstas en la Peraleda por la Modificación 29, pendiente de definitiva aprobación.

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A todo lo anterior, se añade la incertidumbre para los valores patrimoniales de Toledo que generan las noticias contradictorias sobre un inconcreto  Plan Especial en la zona, con olor a desarrollo urbanístico en lugar de protección como exige la ley,  y un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), todo  llevado en el mayor secretismo y sin debate previo sobre el modelo de ciudad, con el riesgo de consolidar los criterios urbanísticos que llevaron a desproteger suelos que antes estaban protegidos, vulnerando el principio legal de no regresión, y a originar una “ciudad archipiélago”, de barrios inconexos y separados entre sí por vías rápidas de circulación. Sin olvidar que esos mismos criterios municipales han condenado al Casco Histórico a su transformación en un parque temático para el turismo, vaciado de servicios para las necesidades de su población, sin plan alguno de recuperación y revitalización residencial y funcional, a pesar del Plan Especial del Casco Histórico de 1997, que, por cierto, ha dejado patentes sus carencias e insuficiencias en este sentido.