El próximo 7 de marzo termina el plazo dado a las empresas que tienen entre 50 y 100 trabajadores para que aprueben sus planes de igualdad, un recurso impulsado para acabar con las brechas de género y la discriminación en las empresas y cuya obligatoriedad se extiende ahora a aquellas que tienen más de 50 personas en plantilla.
Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social consultados por el sindicato, en Castilla-La Mancha hay registrados un total de 1.553 planes de igualdad tanto de empresas como de organismos públicos. La mayoría de ellos han sido aprobados en los últimos tres años, concretamente desde que en marzo de 2019 el Ejecutivo central ampliase la obligación de hacer planes de igualdad. Hasta ese momento solo los tenían que hacer aquellas empresas con más de 250 empleados y a partir de marzo de 2019 la norma incluyó a todas las de más de 50 trabajadores, si bien se ha ido escalonando su aplicación: las empresas de entre 150 y 250 personas trabajadoras tenían un año; las de 100 a 150 dos años; y por último se fijaron tres años, hasta el próximo 7 de marzo de 2022, para las que tienen entre 50 y 100.
En Castilla-La Mancha hay 338 empresas cuya plantilla está compuesta por entre 50 y 100 trabajadores, siendo Construcción, Agroalimentaria, Comercio y Transporte los sectores que aglutinan a buena parte de ellas.
No cumplir con esta obligación de contar con un plan de igualdad puede suponerles una infracción grave, sancionada con multas desde 751 a 7.500 euros.
Marta Gil, secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, explica que, además del plan de igualdad, las empresas también deben registrar –con la misma vigencia que el plan- una auditoría salarial y el diagnóstico de situación. La primera de estas herramientas sirve para comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con el principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de retribución. Por su parte, el diagnóstico de situación es el paso previo al plan de igualdad, imprescindible para conocer la situación de partida en materia de igualdad dentro de la organización.
“Muchas empresas siguen sin entregar el registro salarial como herramienta de transparencia salarial”
Todas las empresas, independientemente de su número de trabajadores, están obligadas desde el 14 de abril de 2021 a crear un registro salarial y trasladárselo a los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras. En este documento se reflejan los salarios de los empleados diferenciados por género. Con él se pretende eliminar las diferencias retributivas entre hombres y mujeres y es que, “no olvidemos, en nuestro país tenemos una brecha salarial del 21%”.
Desde UGT Castilla-La Mancha Marta Gil denuncia que aún son muchas las empresas de la región y del resto del país que incumplen con esta obligación y que no entregan el registro salarial como herramienta de transparencia salarial, “incluso muchas de ellas no saben que tienen que poner en marcha este registro”.
