La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sitúa a los servicios públicos en el eje de la recuperación de los efectos causados por la pandemia de Covid-19, por lo que reclama a las diferentes administraciones públicas un compromiso decidido y efectivo en 2021.
En primer lugar, CSIF pone en el foco la salud de los empleados, ya que “la falta de seguridad ha sido notoria y demostrable, con especial atención en los puntos de atención sanitaria y en los centros de mayores”, explica el presidente del sindicato en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa.
No en vano, la Central Sindical denunció en marzo la situación de riesgo y peligro de los trabajadores al estar en contacto con pacientes afectados por Covid-19 sin contar con los equipos de protección adecuados, la cual fue elevada en abril por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al Tribunal Supremo.
Ahora, CSIF reclama que se acelere el proceso de vacunación y que se extienda a todos los colectivos cuanto antes, ya que “no tiene sentido que sólo se hayan administrado en la región el 11,5 por ciento de las dosis recibidas”, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.
Retamosa recuerda que “el sindicato lidera la lucha por la implantación definitiva del trabajo no presencial en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero desgraciadamente el Gobierno de Emiliano García-Page no ha apostado por el teletrabajo”.
A la seguridad en los centros de trabajo, el sindicato pone como “deberes” a la Administración regional la mejora de las condiciones de trabajo. No en vano, la Central Sindical recuerda que los principales avances provienen del II Acuerdo de Mejora del Empleo Público firmado por CSIF con el ministro Cristóbal Montoro en marzo de 2018, que contemplaba el regreso a la jornada de 35 horas, el fin de las penalizaciones de incapacidad temporal, el aumento de la tasa de reposición y la recuperación de parte de la masa salarial perdida.
En cambio, el Ejecutivo Autonómico que preside García-Page “no ha dado nada a los empleados públicos, todo proviene del acuerdo nacional de 2018”, y es que todavía se está muy lejos de implantar las mejoras necesarias en los sectores transferidos y siguen sin hacerse efectivos los fondos adicionales pendientes del 0,3 por ciento.
CSIF confía en que el presidente de la Junta deje de usar en este 2021 su mayoría absoluta como un ‘rodillo’ para mantener las subvenciones a sus organizaciones afines; “con la que está cayendo con el número de trabajadores en paro y con las empresas privadas que están sufriendo y cerrando no se puede utilizar el dinero de todos para fines particulares, hay que destinar los fondos a los colectivos que más lo necesitan”.
Además, a la espera de la incorporación de aprobados en los próximos años de las sucesivas Ofertas de Empleo Público, CSIF urge a reforzar unos servicios públicos “castigados y debilitados” por la pandemia; “no se puede esperar más, no han llegado todas las contrataciones anunciadas y ahora, cuando se puede acelerar la campaña de vacunación de Covid-19 para llegar cuanto antes a toda la población, es cuando hay que incorporar trabajadores a los servicios esenciales”.
Por último, y en referencia al Ejecutivo central, CSIF se reafirma en el modelo de clases pasivas y la adecuación de los haberes reguladores, además de plantear la equiparación retributiva entre las diferentes administraciones y abordar las jubilaciones anticipadas.
En este sentido, preocupa la propuesta que baraja el Gobierno de España sobre un posible aumento del periodo de cotización de 25 a 35 años para el cálculo de las pensiones; “es inaceptable, los pensionistas no sólo verían recortados sus ingresos teniendo en cuenta la enorme precariedad laboral y las dificultades para acceder a un puesto de trabajo, sino que refleja la ideología de una clase política que no se plantea reducciones salariales a sí misma ni recortes en el número de asesores”, concluye Retamosa.
