Cuadernos Manchegos
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) lanzan una macroencuesta nacional para detectar las carencias del teletrabajo y hacer un diagnóstico sobre su situación actual. 

Los resultados de esta encuesta online -destinada a todas las personas trabajadoras del sector público y privado- permitirán avanzar en un estudio preciso sobre la situación actual con la que identificar los problemas y plantear una batería de actuaciones para impulsar esta modalidad de organización del trabajo, clave para impulsar la conciliación.

CSIF ya cuenta con cifras que alertan de algunas de estas carencias. En concreto, la cifra de empleadas públicas que teletrabajan actualmente en la Administración General del Estado y que tienen mayores a su cargo duplica a la de hombres (818 mujeres frente a 403 hombres), mientras que la situación es muy similar en el caso de las que trabajan a distancia y tienen a su cargo menores de 14 años (5.480 mujeres frente a 3.332 hombres).

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Antes de la pandemia tan solo un 5% de los empleados/as públicos teletrabajaban, una cifra que llegó hasta un 63% en plena crisis del COVID, y que ahora se sitúa en torno al 22%, según los últimos datos recabados por CSIF. Del total de las 44.300 personas teletrabajando ahora en la AGE, 25.030 son mujeres y 19.262 hombres.

En el caso de Castilla-La Mancha, CSIF lamenta que el Gobierno regional todavía no se haya planteado cómo implantar la nueva regulación del teletrabajo impulsada por el Ministerio de Política Territorial en septiembre y continúe haciendo uso del Decreto 57/2013, el cual es tremendamente restrictivo y con muchas limitaciones para los empleados públicos de la región. En este sentido, CSIF recuerda que la Junta de Comunidades planteaba en noviembre el traslado forzoso de 200 funcionarios a un edificio sin asegurar las medidas de prevención frente al Covid-19 en lugar de habilitar el teletrabajo.

Dar seguridad a las plantillas

Pese a que se ha avanzado en la regulación del teletrabajo en el sector privado, el sector público en su conjunto necesita una normativa urgente concreta, que dé seguridad a sus plantillas y que fije horarios de trabajo, ubicaciones, medios informáticos, mecanismos de selección de personal y derecho a la desconexión digital, entre muchos otros.

Hace falta un análisis de situación con perspectiva de género y medidas para evitar que el teletrabajo se convierta en una vía para que las mujeres se encarguen aún más de las tareas del hogar o del cuidado de dependientes, limitando su promoción profesional.

“Ahora más que nunca hay que proteger el derecho de todas las trabajadoras a una carrera profesional en condiciones de plena igualdad”, subraya la secretaria nacional de Igualdad de CSIF, Eva Fernández, quien advierte de que el teletrabajo es una herramienta para impulsar la conciliación, pero en ningún caso puede ser una barrera que provoque más desigualdad.

El presidente de ARHOE, José Luis Casero, señala que “la información, el análisis y la acción son clave para abordar el teletrabajo, que trasciende a una mera normativa o acuerdo”. “Hay personas y empresas con singularidades individuales que necesitan una respuesta adecuada, capaz de articular esta forma de organizar el trabajo con un plan estratégico preciso, con protocolos reales, que respeten los derechos de desconexión y otras exigencias de esta nueva situación”.