La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte que el número de trabajadores en el sector público descendió en 5.700 personas en el último trimestre del año a pesar de las necesidades de refuerzo de las plantillas para afrontar la pandemia del Covid-19.
De acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el balance anual arroja otro dato desolador: sólo hay un centenar de asalariados más del sector público respecto al último trimestre de 2019. Junto a la falta de efectivos, la EPA arroja un incremento de la precariedad: la contratación temporal aumentaba un 3,7 por ciento en el ámbito público en 2020 en detrimento de la contratación indefinida.
En la región, el pasado año se cerraba con 47.300 empleados asociados al sector público con contrato temporal, muy cerca del récord histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2020: 49.600.
Esta tendencia también se aprecia a nivel nacional: en el último trimestre del año se registraron 1.011.500 personas asalariadas con contrato temporal (se supera por primera vez en la historia el millón de personas), 106.200 más respecto al año pasado. Así, la tasa de temporalidad se sitúa en el 29,9 por ciento, frente al 20,7 por ciento general.
CSIF advierte que las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario. Es preciso abordar el problema del exceso de la temporalidad y afrontar el déficit estructural de las plantillas que se ha puesto en evidencia durante la pandemia en ámbitos como la Sanidad, la Educación, empleados de la Junta de Comunidades y la Administración General del Estado (Servicio Estatal de Empleo, Seguridad Social), entre otros.
Así, el sindicato resalta que no puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica.
