El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emilio Bravo, ha destacado hoy el firme compromiso del PP y de su presidente regional, Paco Núñez, con los agricultores y ganaderos y ha reprochado al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, y al consejero de Agricultura, Francisco Martínez, que vengan a informar de la nueva Política Agraria Común (PAC), “aceptando perder de entrada 5.000 millones de euros para nuestros agricultores y ganaderos”.
En el Pleno de las Cortes regionales, Bravo ha resaltado que en Castilla-La Mancha “son más de 120.000 los beneficiarios de ayudas comunitarias” y le ha recordado al consejero sus reiteradas promesas “de que no iba a perder ni un euro en la negociación de la nueva PAC”. Sin embargo, “lo que debería haber sido un auténtico periodo de transición hasta la aplicación de la nueva PAC en 2023, se ha convertido en una verdadera ruptura, con consecuencias graves para determinados sectores”.
“Ustedes han adelantado, porque les ha dado la gana, las modificaciones del modelo antes de que llegue la nueva PAC, de manera que los agricultores y ganaderos sufrirán los recortes poco a poco y de dos formas diferentes”, ha alertado el diputado popular, quien ha asegurado que el PSOE “ha faltado el respeto una vez más a un colectivo tan importante, que tanto aporta a la economía de la región y al que todos debemos tanto”.
Así, ha explicado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España “modifica los actuales criterios de convergencia del valor de los derechos de pago básico en solo dos años 2021 y 2022 y elimina el límite máximo existente actualmente para que nadie pierda más del 30%”, una decisión que perjudicará especialmente a la ganadería.
“Van salir muy perjudicados los productores de vacuno de carne en extensivo, los ganaderos de leche y los sectores de ovino y caprino, que sufrirán un recorte medio del 16 por ciento y los ganaderos de vacuno tendrán mermas de hasta un 50 por ciento en los dos años de transición”, ha denunciado el diputado regional del PP.
Del mismo modo, ha aclarado que este Real Decreto va en contra además de los intereses de los agricultores de CLM, ya que “la inmensa mayoría no son terratenientes y poco a poco se estaban acercando a la media de la Región Agronómica, pero por culpa de los gobiernos del PSOE y de este Decreto, en muchos casos van a perder con respecto al año pasado más el 14 por ciento”.
Una situación que, según recuerda el parlamentario regional del PP, “es especialmente sangrante” para los jóvenes agricultores, que se han incorporado comprando derechos disponibles con valores elevados y que han visto frustrada su inversión como consecuencia de la aplicación de estos índices de convergencia.
“Unos sectores frágiles y castigados por la pandemia del Covid-19, como consecuencia del cierre de la hostería y la restauración, que se concentran además sobre todo en zonas desfavorecidas y seriamente castigadas por la despoblación y el envejecimiento, sin más alternativas productivas y económicas que esta”, ha advertido Bravo.
Por todo ello, Bravo ha reclamado a Page y a su consejero, “que frenen el proceso de convergencia en 2022 y a partir del 2023 se alcance una convergencia total a nivel nacional y no la convergencia que se está aplicando solamente en nuestra región y que está perjudicando a la mayoría de agricultores y ganaderos”, así como que aclare “cómo va a repercutir la nueva PAC en CLM y cómo van a ser las ayudas para la ganadería extensiva, el olivar de bajo rendimiento o tradicional, al viñedo o al vino”.
“Hablan de ayudas medioambientales o pago verde y nosotros estamos de acuerdo, siempre que sea para obtener mayor rentabilidad en las explotaciones, no para poner limitaciones, no entenderíamos que se sacrifique la actividad agraria y ganadera por mera ideología, sin proponer alternativas”, ha manifestado Bravo.
Por último, ha advertido que “la nueva PAC debe promover una agricultura rentable, dentro de un sistema alimentario equilibrado, estable y con capacidad de competir en los mercados, pero ustedes anteponen la ideología a la realidad, están planteando un cambio profundo sin datos, sin evaluar el impacto y con decisiones sin consenso y si lo hacen será el principio del fin del medio rural”.
