La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, lamenta que la intervención del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, en el Debate sobre el Estado de la Región, sobre la gestión de los servicios públicos y las condiciones laborales de los trabajadores públicos haya estado centrada en las luces y en ningún momento en sus sombras.
Para CSIF, los recortes que se mantienen en Función Pública desde 2012 son enormes, tanto en materia de derechos (bloqueo de contrataciones en el Sescam, carrera profesional sin reconocer e impago de la productividad variable; ratios y horario lectivo elevados y cobro del verano de interinos en educación; condiciones precarias en personal de la Junta; desaparición del Plan de Acción Social; falta de personal; privatización de servicios…) como en el ámbito salarial, donde la Central Sindical no entiende el dato ofrecido por García-Page de un aumento de un 23% cuando la realidad es que se arrastra una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde 2010.
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, señala que “continuamos con muchos recortes en los servicios públicos de la región. Se han dado pasos, pero hay que huir de los discursos triunfalistas porque la realidad es que hay ámbitos precarios en nuestras administraciones públicas, estamos en peores condiciones laborales que otras comunidades y no se está ofreciendo la calidad de servicio que merece nuestra ciudadanía”.
Sobre las diferentes ofertas de empleo público, CSIF señala que sólo conoce hasta el momento la de personal laboral y funcionario de la Junta (2.007 plazas), para la que ya ha dado su apoyo, y estará vigilante para certificar que realmente se alcanzarán las 8.300 plazas anunciadas y que éstas no están ya reflejadas en procesos selectivos en marcha.
En lo que sí se muestra de acuerdo CSIF con García-Page es en la crítica a la financiación singular de Cataluña, un concierto que va en detrimento de los principios de igualdad y solidaridad entre territorios. “Es absolutamente intolerable que haya diferencias de financiación entre comunidades autónomas, lo único que se va a conseguir es incidir en la desigualdad en el acceso a los servicios públicos y en el progreso de todas las regiones, es un auténtico atentado a los territorios más pobres”, señala Domínguez.
Por último, CSIF teme que los diferentes acuerdos a los que ha aludido García-Page con CCOO, UGT y Cecam, entre los que sobresale el Plan Horizonte 2030 con 12.500 millones de euros, supongan nuevas subvenciones: las tres organizaciones han percibido más de 62 millones de dinero público de la Junta de Comunidades desde 2014, cantidad que, entre otros fines, podría habría servido para reforzar los servicios públicos de la región.