El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno de Sánchez de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana “de la mano” de Podemos, Bildu o ERC, sin contar con la opinión de los sindicatos que defienden los intereses de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en la inauguración del XII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Toledo, donde ha recordado que el pasado sábado asistió, junto al presidente del PP Pablo Casado, a la manifestación en Madrid contra la reforma de esta Ley porque el partido “cree en la Democracia y en el Estado de Derecho”.
“Estaré siempre apoyando a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque ellos son, precisamente, los responsables de que nuestra Democracia esté garantizada”, ha añadido.
Así, Núñez ha afirmado que es “intolerable” que el secretario general del Partido Comunista y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, acuse a policías y guardias civiles de “querer acabar con la presunción de inocencia y con los derechos de los ciudadanos”.
El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha recordado que la Ley de Seguridad Ciudadana apostó por dar mayor protección al derecho a la reunión y manifestación pacífica y sancionar más justamente y de forma más proporcional. Además, nunca se restringieron los derechos de reunión, manifestación y huelga, ni se otorgó a los agentes un poder excesivo, sino que se creó un marco adecuado para su trabajo.
Núñez ha incidido en que, desde su aprobación, la Ley de Seguridad Ciudadana se reveló como uno de los instrumentos fundamentales con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente a la amenaza terrorista, por lo que su derogación o modificación sustancial “daría oxígeno a esta amenaza y nos haría más débiles ante el terror”.
UNA LEY PLENAMENTE CONSTITUCIONAL
Núñez ha afirmado que esta norma es “plenamente constitucional”, como así lo confirmó la sentencia de 19 de noviembre de 2020 del Tribunal Constitucional.
El presidente del PP regional ha apostado por mantener la obligación de comunicar previamente las reuniones o manifestaciones en la vía pública; por garantizar la presunción de veracidad de los atestados policiales; por excluir de la Proposición de Ley la obligación de trasladar a los detenidos para identificación al lugar en que se encontraban; o por el mantenimiento de las sanciones a la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente al Congreso, al Senado o a los parlamentos autonómicos.
Además, que se incluyan entre las causas en las que la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver, las reuniones y manifestaciones para rendir homenaje a autores de delitos graves como los de terrorismo, prohibiendo a los ayuntamientos que faciliten este tipo de actos; y que se mantenga la sanción, conforme a los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional, por el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que puedan poner en peligro la seguridad personal y familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación.
Y, en caso de que exista una reforma de esta Ley, el PP quiere que se incluyan como infracciones muy graves la ocupación de inmuebles, viviendas o edificios contra la voluntad de propietarios o arrendatarios; la celebración de una reunión o manifestación para rendir homenaje al autor de un delito grave como el de terrorismo; o el facilitar desde los ayuntamientos la celebración de reuniones o manifestaciones para rendir homenaje al autor de un delito grave como el de terrorismo.
Núñez ha insistido en que, ante todo, lo que quiere el Partido Popular es que la reforma “se negocie con los sindicatos y no con Bildu, ERC o los nacionalistas” porque “no queremos que la aprueben socialistas y comunistas basándose en su sectarismo y en sus prejuicios policiales”, ni que se “criminalice y se desprestigie a los agentes”.
“La calle tiene que ser un lugar seguro, un espacio de convivencia para los que elegimos mayoritariamente una Constitución y decidimos vivir en un Estado de Derecho”, ha indicado, al tiempo que ha apostado por dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con “los medios suficientes, justos y necesarios para desarrollar su trabajo”.
