Virgen de las Viñas Tomelloso
Cuadernos Manchegos
Cuadernos Manchegos

Podemos C-LM ha criticado duramente la aprobación en las Cortes de la Proposición de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (Ley SUMA). Esta Ley, impulsada por el PSOE castellanomanchego, fue aprobada ayer con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos, lo que desde Podemos han tildado como “la confirmación del retorno de lo peor de la especulación Aznarista a Castilla-La Mancha”.

La Secretaria de Mundo Rural, Estrategia contra la Despoblación y Transición Energética de Podemos C-LM, Asunción Mateos Gámez, ha señalado que la aprobación de la Ley SUMA por las Cortes supone “un antes y un después” en la lucha contra la especulación, ya que resultará en “la completa desprotección del suelo castellanomanchego para ponerlo en bandeja de plata a las grandes constructoras”. Para Mateos, esta Ley es “una muestra más del omnipresente clientelismo socialista de nuestra región”, para lo que el ejecutivo de García-Page “no duda en ponerse de acuerdo con Ciudadanos y el PP cuando se trata de mantener los privilegios económicos y electorales de sus benefactores”.

Cooperativa virgen de las Viñas de Tomelloso

Según han apuntado desde Podemos, la Ley SUMA recoge, entre otras cosas, la eliminación de la necesidad de realización de un estudio de impacto medioambiental para las construcciones en los medios rurales, lo que creen que supone “tropezar otra vez con la misma piedra de la burbuja inmobiliaria que destruyó nuestra economía”. “Es necesario analizar las construcciones y desarrollos en todos los medios, pero sobre todo en el rural, no solo por su impacto medioambiental, sino por la obligación que tenemos en esta región de plantear una estrategia contra la despoblación basada en las sinergias y en el desarrollo productivo a largo plazo”, ha destacado Mateos.

Mejor conectados - Telefónica

Por otra parte, denuncian también los efectos de la Ley SUMA con respecto a la supresión de la obligatoriedad de estudio en la totalidad de los municipios para la creación de Vivienda de Protección Oficial. En este sentido, la responsable de Vivienda de Podemos C-LM, Eva Guijarro Hidalga, ha querido destacar la “intención especulativa” detrás de esta Ley, ya que, considera, “incluso el propio Consejero de Fomento declaraba que no tenían intención de incrementar el parque de viviendas en la región”. “La no realización de estudios, supone permitir la comparabilidad entre municipios con menos de 500 habitantes y ciudades con más de 50.000 para poder llevar a cabo la construcción de VPO donde el beneficio sea más alto para las constructoras y no dónde la ciudadanía realmente lo necesita”, ha argumentado.

Desde Podemos subrayan la “contradicción inequívoca” del ejecutivo castellanomanchego al dar luz verde a esta Ley al mismo tiempo que pone en venta diversos terrenos y edificios públicos de carácter público. Según han apuntado, tras un estudio realizado por la formación, la venta de este patrimonio inmueble autonómico está compuesta por múltiples terrenos, silos y fincas, junto con edificios considerados bienes protegidos por los ayuntamientos de Albacete y Toledo. “Mientras la Junta decide vender patrimonio público protegido de la ciudadanía castellanomanchega, con la otra mano acepta las enmiendas del PP y Ciudadanos a la Ley SUMA”, ha apuntado Guijarro, las cuales considera que “reducen el coste de las constructoras e impiden la recepción de un canon, tanto al municipio en cuestión como a las arcas autonómicas”.

Para Podemos, la “gran cordialidad” existente durante la tramitación de la Ley “hace cada vez más evidente la tendencia liberal y mercantilista del gobierno de García-Page”, lo que creen que se demuestra por ser “muy similar a otras puestas en marcha recientemente de desprotección ambiental y especulación del suelo en los gobiernos de derechas de Ayuso y Moreno Bonilla”, para lo que “tanto PSOE, PP como CS presentan las mismas enmiendas a la Ley SUMA contra la protección del suelo rústico al no exigir para la construcción en el mismo la acreditación de la inexistencia de riesgos”.

Desde la formación morada han recalcado la necesidad de legislar “pensando en el interés común y en base a criterios medioambientales, sociales y técnicos”, y no “al amparo de los intereses económicos de una minoría capaz financiar campañas para que todo siga igual que siempre”.

.