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Cuadernos Manchegos
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En el Día Internacional de las Personas de Edad, hoy 1 de octubre, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con los derechos de las personas mayores, reivindicando al Gobierno y a las administraciones públicas el fortalecimiento de los servicios públicos en materia de salud, protección a la dependencia, servicios sociales y pensiones, instrumentos necesarios para luchar contra la desigualdad y la discriminación que sufren.

DO La Mancha

Hace 34 años, en el año 1990, la Asamblea General de la ONU declaró el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad, para reconocer su contribución al desarrollo humano y económico y resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial.

CCOO queremos visibilizar y poner en valor las aportaciones de las personas de edad a la sociedad, a través del voluntariado, la participación social, como soporte de sus familias y participando cada vez más en la fuerza laboral de una sociedad. En el año 2050 se alcanzará la cifra de 1.100 millones de personas mayores en el mundo. En España, actualmente casi el 20% de la población son personas mayores de 65 años y en las próximas décadas superará el 30%. En Castilla-La Mancha la población mayor representa también casi el 20%.

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Con poblaciones cada vez más envejecidas, especialmente en las zonas rurales, es necesario garantizar unos servicios públicos suficientes para atender las necesidades de las personas de edad, garantizando un envejecimiento activo y una calidad de vida digna. En este sentido, para CCOO las políticas públicas son imprescindibles. El sistema público de salud, la protección a la dependencia, los servicios sociales, el sistema público de pensiones, entre otros, son esenciales para que las personas puedan envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Son instrumentos necesarios para luchar contra la desigualdad en todas las etapas de la vida.

Así, es necesario resolver las carencias del sistema de protección social; reforzar la sanidad pública, incrementando la inversión en políticas de sanidad, especialmente en la atención primaria; implementar un plan nacional contra la soledad no deseada, con la creación de redes de apoyo, políticas de salud mental, mejorar las condiciones y la accesibilidad en las viviendas, las zonas comunitarias y las condiciones económicas; así como legislar una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores.

UNED

Las reformas del sistema público de pensiones, acordadas en el marco del diálogo social, han ido en la dirección de asegurar a las personas que se jubilan unas pensiones dignas, que les permitan cubrir sus necesidades en el plano económico, en el marco de garantía de sostenibilidad financiera del sistema. Pero hay que seguir avanzando para mejorar las pensiones no contributivas, las pensiones mínimas e ir cerrando la brecha entre hombres y mujeres en las pensiones contributivas.

Las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares en nuestro país. En Castilla-La Mancha la pensión media es de 1.169,86 euros, un +5,5% con respecto a hace un año. No obstante, se sitúa 88,18 euros al mes por debajo de la pensión media nacional (1.258,04 euros) representando el 92,99% de la misma. Del número total (394.335) de pensiones de la región, 236.137 son de jubilación con 1.351,27 euros de media, 95.124 de viudedad de 884,79 euros, 45.731 por incapacidad permanente de 1.070,20 euros, 14.698 de orfandad por valor de 499,77 euros de media y un total de 2.645 pensiones en favor de familiares con 673,81 euros de media.

El 31,7% de las pensiones de nuestra región tienen complementos a mínimos, 41% en el caso de las mujeres y 23,7% en los hombres, somos la  segunda comunidad autónoma en porcentaje más alto de pensiones con complementos a mínimos, después de Extremadura (38,7%) y superando en 10,7 puntos la media nacional. El número de pensiones con complementos de brecha de género en Castilla-La Mancha es de 33.677 con un importe medio de 75 euros.

Por último, CCOO reiteramos nuestro apoyo a las movilizaciones contra la pobreza energética, y pedimos la implementación de medidas específicas para la población más vulnerable (financiación de actuaciones para la eficiencia energética de los hogares, ampliar y reforzar el bono social, extender el plazo de moratoria a los cortes de luz…)