El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará la construcción de 124 viviendas protegidas en alquiler a precio asequible en el barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo, antes de junio de 2026 destinadas a familias trabajadoras y jóvenes.
Una medida que, tal como ha informado la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, se enmarca dentro del ‘Plan 10.000’. Dicha iniciativa fue presentada por el presidente García-Page junto a la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha el pasado 7 de marzo mediante la cual, el Gobierno regional cooperará con el sector privado para la construcción de 10.000 viviendas a precio asequible, especialmente en zonas tensionadas de Castilla-La Mancha.
“Estas 124 viviendas, están destinadas a familias trabajadoras y personas jóvenes que aun teniendo ingresos estables, que los tienen, tienen también serias dificultades para acceder a una vivienda porque este barrio en concreto es, en este momento, una zona tensionada, ha vivido una expansión en la cual hay mayor demanda de vivienda y eso ha hecho que los precios vayan al alza”, ha explicado la consejera. Para solucionar esta situación, desde el Gobierno regional se pone en marcha una mayor oferta de vivienda, en este caso en régimen de alquiler, asequible y con un precio tasado de 6,36 euros el metro cuadrado.
Así, el Gobierno regional pondrá a disposición una parcela en este barrio cuya titularidad es de GICAMAN y se le otorga una subvención directa de 6,1 millones de euros para que pueda licitar estos terrenos para la construcción, por parte de empresas privadas, de estas 124 viviendas que tendrían un régimen de alquiler sujeto a la tasación citada.
Tal como ha explicado la portavoz regional, esta iniciativa forma parte de la estrategia de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. De hecho, la subvención de 6,1 millones es con cargo a estos fondos. “De lo que se trata es de poner en circulación una mayor proporción de vivienda en alquiler con una renta asequible pero no limitada, como hemos conocido tradicionalmente en las políticas de vivienda de la Junta, no limitada a personas en situación de vulnerabilidad, para eso tenemos nuestro parque público de vivienda. Esto es otra cosa, es para familias trabajadoras y personas jóvenes que cuentan con trabajo e ingresos estables, pero la situación del mercado provoca que no puedan acceder a una vivienda, e intervenimos para que tengan esa oportunidad”, ha recalcado la consejera. En cuanto a los ingresos de la unidad familiar de la persona que pretenda alquilar han de ser inferiores a cinco veces el IPREM.
En ningún caso, las viviendas que se van a construir en el barrio del Polígono son viviendas sociales ni están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, ya que para estos casos el Gobierno regional cuenta con otros instrumentos como el parque público de viviendas y las ayudas del Plan de Vivienda. Estas viviendas estarán promovidas por el propio sector privado, de tal forma que la Administración no se va a ocupar de la gestión de las mismas, sino que será el sector privado quien se encargue de la construcción de las viviendas, por un lado, y posteriormente de la explotación en alquiler.
‘Plan 10.000’
A partir de ahí se desarrollará en Catilla-La Mancha el ‘Plan 10.000, “que cuenta con colaboración público privada y con ayudas muy importantes que podrán alcanzar hasta los 50.000 euros por vivienda”, en palabras de Blanca Fernández.
Este plan consiste en un planteamiento de ‘triple A’, es decir, ayudas, avales y actualización normativa. Las ayudas que se plantean son las destinadas a la construcción de viviendas asequibles, mediante fórmulas de colaboración público-privadas a través del Programa 6 de los fondos ‘Next Generation’ además de todos los programas de ayudas a la adquisición y al alquiler de vivienda.
Por lo que respecta a los avales, el ‘Plan 10.000’ implementará programas específicos dirigidos a facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de la vivienda y superar sus dificultades para acceder a la financiación de la compra, mediante el desarrollo de instrumentos en colaboración con las entidades financieras. Y, por último, esta iniciativa contempla la reordenación de las normas existentes, aclarando y mejorando la seguridad jurídica y actualizando su contenido conforme a las demandas de los operadores del mercado y un proyecto de digitalización ‘GeVICAM’.
