Plena inclusión España, confederación que representa a 950 asociaciones de discapacidad intelectual y del desarrollo de todo el país, ha enviado una carta a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de la Discapacidad. En la misiva que firma Santiago López, presidente de Plena inclusión, la organización manifiesta su preocupación por las enormes dificultades que enfrentan para mantener sus servicios las entidades sociales que dan apoyo a más de 150.000 personas con discapacidades del desarrollo y sus familias.
Los representantes de la organización con más peso en España en el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual y del desarrollo ya demandaron a la ministra, en el Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad celebrado la pasada semana, soluciones ante los problemas económicos que sufren.
La realidad en Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha las más de 60 entidades del movimiento asociativo Plena inclusión Castilla-La Mancha se enfrentan a problemas económicos derivados del alza incontrolada de los costes de su actividad: energía, alimentación, limpieza o transporte y a su esfuerzo por dignificar las condiciones laborales de los y las trabajadoras del sector de los apoyos y cuidados.
“Muchas de nuestras entidades de iniciativa social estamos enfrentándonos a una situación crítica en la que pedimos a los poderes públicos apoyos dado que somos muchas veces los únicos apoyos que reciben miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo avocadas a situaciones de extrema precariedad” ha remarcado Santiago López, presidente de Plena inclusión.
PLAN DE CHOQUE URGENTE
“En la evaluación del SAAD que posibilitó la creación del Plan de Choque del Sistema Nacional de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia se identificaron causas históricas y estructurales que han fragilizado nuestro sistema, algo que si ya era grave antes, en estos momentos se convierte en un aspecto máxima preocupación por los efectos sobrevenidos de la invasión de Ucrania y otras circunstancias marcadas por cambios estructurales que afectan a la realidad social y económica global”, prosigue el texto de la carta que Plena inclusión ha hecho llegar a la ministra Belarra.
Desde la confederación que gestiona además 4.000 centros y servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en todo el país se reclama la puesta en marcha de medidas específicas dirigidas a evitar el desplome de las entidades debido a la insostenibilidad de la situación. “Solicitamos un acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que eleve los precios plaza y permita así a las entidades asumir el impacto que el contexto de crisis descrito está teniendo sobre ellas”, se explica.
