La junta directiva de la Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha se ha concentrado hoy a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia de Albacete, donde han comenzado las pruebas testificales del contencioso que la unión presentó contra la resolución de 2021 por la que se conceden ayudas a las organizaciones agrarias.
Tras admitir a trámite dicho recurso contencioso y después de pedir a la junta de comunidades que aporte la documentación pertinente, habiéndose personado como afectados, ante la posible pérdida de la subvención que les da de comer, ASAJA y UPA, hoy, por fin, tras dos años se espera, se abre el juicio oral en el que se tomará declaración en la prueba verbal a los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A raíz de las elecciones de 2014, el Consejero de agricultura del gobierno socialista aprobó unas ayudas anuales que ascienden, en la actualidad, a 700.000 € con destino las organizaciones agrarias profesionales de la región. Dicho importe proviene del dinero supuestamente destinado al desarrollo rural y apoyo al sector agrario desde los fondos europeos de la PAC.
Según declaraciones de los demandantes: “Desde hace ya 8 años se están sustrayendo fondos europeos para la agricultura de la España Vaciada y así callar bocas y tener de la mano a las organizaciones agrarias y de parte de la Consejería de agricultura. Nadie muerde la mano que les da de comer.”
Dichas organizaciones han sido elegidas directamente por la propia Consejería ya que desde 1978 no se convocan elecciones para elegir los representantes del sector agrario.
Es más, la representatividad de dichas organizaciones está caducada, ya que el certificado que avala la misma emana de una ley 2009 derogada en 2014. Dicho certificado que la Unión de Castilla-La Mancha solicitó y se le deniega por estar derogada dicha Ley.
