Este martes en el Congreso de los Diputados se desarrollará la primera sesión plenaria de 2023 con el debate de convalidación o derogación del “Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad”, con el que se pretende ampliar el proceso de simplificación y aceleración en los trámites para la implantación de grandes centrales de energías renovables. Desde España Vaciada denuncian que “esta norma rescinde todas las garantías de protección medioambiental y sostenibilidad que generarán consecuencias nefastas para el medio rural de las provincias con menor densidad de población, tanto por su impacto ambiental como social y de destrucción de empleos”.
Alertan sobre la cantidad de proyectos de gran envergadura, tanto de centrales eólicas como fotovoltaicas, así como de largas líneas de evacuación de su energía, para los que este Decreto pretende eliminar los instrumentos de garantías del proceso, como la Declaración de Impacto Ambiental, en todo el país salvo en zonas Red Natura 2000. Desde España Vaciada no aceptan la excusa de las exigencias europeas en cuanto que, señalan, el Real Decreto que pretende aprobar el Gobierno va más allá de la “permisividad europea”. Apelan al Reglamento Europeo 2022/2577 del Consejo de 22 de diciembre de 2022, que establece la excepcionalidad de eximir de evaluación de impacto ambiental a proyectos concretos en base a una justificación, pero donde “no se refiere a tipologías enteras de proyectos (eólicos, fotovoltaicos) tal y como sí plantea el Gobierno de España”. Desde Europa proponen que los proyectos se desarrollen en zonas específicas de energías renovables y que hayan sido sometidas previamente a algún tipo de evaluación medioambiental estratégica, “pero en nuestro país no se ha desarrollado una ordenación para el desarrollo de energías renovables”. Por todo ello piden que como mínimo se mantengan los artículos del anterior Real Decreto 6/2022, que limita el proceso express solo a los proyectos en zonas de baja sensibilidad del mapa de “zonificación ambiental” para la implantación de renovables, desarrollado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, una reducción que negoció Teruel Existe con el Gobierno y que establece una zona específica como indica la UE.
Añaden que los ciudadanos del ámbito rural español van a ver recortados sus derechos, que serán menores que los del resto de europeos, dado que el nuevo procedimiento abre la puerta a limitar la participación ciudadana al eliminar el trámite de exposición pública, y de esta forma toda la sociedad desconocerá lo que se pretende implantar en su territorio. España Vaciada valora que la participación es “sumamente relevante para garantizar la transparencia y para que la ciudadanía, las empresas y los propios ayuntamientos, tengan acceso a los expedientes para informarse y plantear sus alegaciones, pues de otra forma se actuará de espaldas a los habitantes del territorio y es anticonstitucional”. Resaltan que las cuestiones y conflictos que hasta ahora se podían solucionar durante el procedimiento administrativo, si se aprueba este Decreto sólo se podrán resolver a través de largos procesos judiciales.
Denuncian también que se va a eximir a los promotores de grandes proyectos de centrales de renovables de la evaluación de impacto ambiental mientras que, sin embargo, se exige en cualquier proyecto público y privado, que tienen que hacer frente a multitud de trámites, trabas y largos plazos para recibir las autorizaciones. De esta forma, aseguran, para cualquier emprendedor de la España vaciada existe una compleja y exigente burocracia mientras que se facilita el proceso a grandes empresas y promotores de megaproyectos de renovables que implican la reconversión de suelo en miles de hectáreas de extensión, con afecciones medioambientales difícilmente reversibles e impacto de larga duración, en muchos casos destruyendo recursos ambientales, paisajísticos, turísticos, agrarios, ganaderos y forestales, lastrando el futuro de nuevas generaciones en estas provincias, para facilitar la implantación de un sector que no aporta empleo e incluso limita el desarrollo de otros sectores vinculados al territorio.
Resaltan que hasta los fondos de inversión extranjeros están viendo la España vaciada como un “territorio a expoliar sin límite, con mayor permisividad ambiental y administrativa para sus proyectos, y en el que pueden obtener mayores beneficios que en otros países europeos”. A estas condiciones, añaden otro factor que consideran determinante, como son las “ínfimas compensaciones” para el desarrollo de los territorios que van a sufrir la implantación de renovables. Afirman que en España apenas se recibe el 3% de los beneficios generados, mientras que en la mayoría de países europeos reciben un 25% o un 30% de los beneficios para el territorio.
Recuerdan la denuncia que realizó el pasado mes de junio en el Congreso el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien trasladó las dudas de “si el Gobierno no ha vendido los territorios de la España vaciada al resto de Europa por los
140.000 millones de los fondos europeos”. Consideran esta decisión un nuevo agravio y con ella el Gobierno genera mayores desigualdades entre los españoles, contrarias al mandato constitucional de equidad y desarrollo en equilibrio territorial. “Así es como nos vacían, poniendo nuestros pueblos, comarcas y provincias al servicio del desarrollo de otras zonas para su crecimiento, expoliando nuestros recursos sin respeto por el oligopolio eléctrico y fondos de inversión extranjeros, sin participación de nuestras gentes, sin prácticamente beneficio, sin intención de afrontar de verdad el problema de la despoblación y la descohesión. No es un modelo sostenible, no es una transición ecológica ni justa, es un inmenso negocio, y no estamos dispuestos a ser siempre los mismos los que tengamos que asumir lo que el resto no quiere”, han zanjado.
