Ante la reanudación progresiva de la actividad asistencial y quirúrgica en los centros sanitarios, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha la elaboración de un Plan de Seguridad y Contingencia para asegurar la salud de los trabajadores, pacientes y usuarios frente al COVID-19, así como que reactive las comisiones y planes de catástrofes externas para actuar de la forma más organizada, rápida y eficiente a fin de evitar el aumento de los casos de contagio en la población ante posibles repuntes de la pandemia, los cuales deben estar asimismo coordinados e integrados en el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha.
El Gobierno regional tiene previsto que todas las provincias entren en la fase 1 de desescalada a partir del próximo lunes, pero para ello sería necesario actualizar las evaluaciones de riesgos laborales, realizar protocolos de trabajo, revisar las instalaciones y equipos de trabajo, establecer circuitos, formar a los trabajadores, instalar señalización de seguridad e implementar el resto de medidas de prevención y protección antes del regreso de la actividad asistencial.
A pesar de los informes de la Consejería de Sanidad sobre tasa de contagio, realización de test, dotación de EPIS y capacidad asistencial, CSIF considera que la región no está preparada para la fase 1. Mientras en otras comunidades ha descendido significativamente el número de contagios e incluso han reducido a cero la cifra de muertes, desde ayer se han registrado en la región 619 nuevos positivos y 61 fallecidos.
Castilla-La Mancha ha sido y sigue siendo un punto negro: 2.677 fallecidos, que colocan a la comunidad con la mayor tasa de mortalidad de todo el país, con 131,6 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Además, Ciudad Real es la provincia que registra la mayor tasa de mortalidad de toda España (204 fallecidos por cada 100.000 habitante), un triste honor en el que le acompaña Cuenca en segundo lugar con una tasa de 145,6 decesos por cada 100.000 habitantes; Albacete tiene una tasa de 121, Toledo de 97,5 y Guadalajara de 89,6.
El Ejecutivo regional debe proceder a aumentar las plantillas de los servicios de prevención de riesgos laborales y medicina preventiva y contar con ellos en todas las acciones a realizar, pues de lo contrario se seguirían cometiendo los mismos errores que han sucedido con anterioridad.
También es preciso reforzar el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que durante la crisis sanitaria ha tenido que reprogramar consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, por lo que resulta imprescindible dotar de recursos humanos a la Atención Primaria y Especializada manteniendo el personal contratado necesario para afrontar una desescalada que se prolongará durante el periodo estival, tanto para frenar el contagio como para garantizar la calidad asistencial. La sobrecarga laboral a la que se enfrentan los profesionales de ámbito sanitario puede producir un efecto huida al sector privado, lo que conllevaría un efecto dominó con un nuevo retraso en la atención de las listas de espera y un mayor gasto sanitario por la derivación de pacientes. Es más, es ahora cuando se está preparando un plan organizativo en Atención Primaria cuando es algo que se debería tener ya previsto e implantado.
CSIF expresa su preocupación ante las altas de COVID-19 debido a que los procedimientos del Ministerio de Sanidad, relativos a la atención clínica hospitalaria y a la atención domiciliaria de los pacientes diagnosticados, contemplan la posibilidad de dar de alta clínica, que no laboral, con PCR positiva si la situación clínica lo permite, siempre y cuando se realice el seguimiento del paciente con un aislamiento domiciliario mínimo de 14 días. Sin embargo, CSIF señala que se podría estar procediendo al alta clínica-administrativa sin haberse realizado una segunda PCR de control negativa, lo que podrían conllevar a un nuevo repunte de contagios de la población trabajadora en el seno de las empresas.
Para que la Atención Primaria pueda realizar el seguimiento y valoración de la pertinencia de las altas clínicas-administrativas, CSIF considera que el Gobierno regional debería proporcionar los medios oportunos.
CSIF informa que estará vigilante ante las acciones que se realice y se reserva los medios que están a su alcance para garantizar la seguridad y salud de todos.
