Ismael Casero, coordinador local de IU, expuso que como consecuencia de la renovación del contrato de abastecimiento de agua en el próximo año con Aqualia, Izquierda Unida siempre ha defendido que la gestión del agua sea atendida de forma pública y que se va a trabajar para poder informar a los partidos políticos y a la ciudadanía en una campaña en este sentido, para que esa gestión pública del agua sea conocida por todos los ciudadanos tanto como la privada y que el Ayuntamiento proceda a dar la oportunidad de que tomen la decisión los ciudadanos.
Indicó que ya la ONU reconoce que el agua es un derecho esencial y concede el disponer a cualquier persona de 100 litros de agua diaria.
Por otra parte aseguró que un servicio público garantiza ese derecho y que los servicios privados no pueden garantizarlo, puesto que si alguien no puede pagar se le reduce la presión del agua y no puede disponer de toda la que necesita.
Con la pública existe la posibilidad que el Ayuntamiento pueda contratar a empresas locales con unos requisitos como los normales de lectura de contadores, gestionar pagos y mantenimiento en general.
Las empresas privadas rara vez amplían los convenios colectivos de sus trabajadores y en la pública si se cumple, y también existen más problemas de corrupción, sin querer expresar que sea el caso de Tomelloso, que es más difícil se produzcan en la pública.
Otra razón es el asunto del dinero, ya que mientras la empresa privada va al beneficio de su empresa y sus accionistas, la empresa pública lo reinvierte en mejoras.
Así por ejemplo en Argamasilla, que el agua es gestionada de forma pública se paga la mitad que un tomellosero, siendo el agua del mismo sitio.
A continuación Rafael Quesada, portavoz de IU Tomelloso, se refirió en el mismo sentido, aduciendo que la empresa privada es una sociedad mercantil, que no trata de buscar un motivo social en su gestión, ni humanitario, además de no dar ese servicio social.
Consideró que es un modelo de gestión de los derechos que haya que implicar a los ciudadanos, como se hizo con la remodelación de la Plaza, y que, en este caso, además atañe a todas las viviendas sin excepción y procede hacer un acto de transparencia y preguntar la opinión por el hecho humano, porque los tomelloseros pagan un 61 por ciento más de agua que los argamasilleros.
Insistió que se puede llevar a cabo pero siempre teniendo en cuenta los siguientes aspectos previos que nos permiten conocer la situación real. Entre ellos:
… Conocer la situación actual
… Conocer las inversiones reales realizadas
… Conocer el estado útil de la maquinaria y estado actual de la instalación.
… Estudio de las situaciones críticas, como la falta de los volúmenes de agua en ciertas viviendas por falta de presión, especialmente en los pisos altos.
… Cuantificar la inversión que sería necesaria para ponerlo en marcha.
… Cuantificar la situación en su aspecto jurídico.
A partir de conocer estos informes, insistió en que se debería realizar reuniones con los agentes sociales y recordando la Orden mencionada del Parlamento Europeo del 8/10 del 2015.
Finalmente convocó a que el Ayuntamiento haga la consulta popular para que sea partícipe la población de la situación y manifieste su opinión.
