Recientemente se ha celebrado el Día de Acción Global para el acceso al aborto legal y seguro. En España el aborto es legal desde el año 1985 en que se dictó la ley que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos. Veinticinco años después, en 2010, se promulgó la actual ley basada en los plazos, determinando que el aborto sería libre en las primeras catorce semanas del embarazo.
Hoy podríamos suponer que el acceso a un aborto seguro y garantizado por el sistema sanitario público es una realidad para cualquier española que decida interrumpir su embarazo, pero la realidad es muy distinta. Actualmente hay numerosas provincias españolas que no han comunicado ninguna intervención de este tipo en sus estadísticas hospitalarias ¿Se podría suponer que no ha habido ninguna mujer solicitante en esas provincias? No. No ha sido esa la causa. La verdadera razón por la que no ha habido abortos en esas provincias es porque esta prestación sanitaria no se oferta en los hospitales públicos sino que es derivada a un puñado de clínicas privadas que no están presentes en todas las provincias.
En concreto, en Castilla-La Mancha solo hay dos clínicas a las que pueden acudir las mujeres que deciden abortar: una en Miguelturra (Ciudad Real) y otra en Albacete. Cualquier necesidad en este sentido que surja en Toledo, Cuenca o Guadalajara tiene que ser satisfecha en otra provincia porque los hospitales públicos repartidos por toda la Comunidad Autónoma no realizan esta intervención.
La Asociación Feministas de Pueblo se ha unido al Movimiento Feminista de Salamanca en una campaña que pretende llamar la atención sobre la dificultad que tienen muchas españolas para ejercer su derecho al aborto seguro en un hospital del sistema sanitario público. Esta campaña se materializa en el envío de sendos documentos a los cargos políticos de las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas y, en el caso de Castilla-La Mancha, a la Dirección Gerencia del Sescam y a la Dirección General de Asistencia Sanitaria.
Feministas de Pueblo reclama a las autoridades sanitarias no solo que se ponga fin al obligado desplazamiento que deben realizar las mujeres que deciden abortar sino también que se actúe con rigor contra las escenas de acoso y estigmatización que tienen que sufrir estas mujeres cuando en las puertas de las clínicas se encuentran con los grupos pro-vida.
