La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, convocará en los próximos días a los consejeros autonómicos de Presidencia “para preparar la próxima Conferencia de Presidentes, que se reunirá en la isla de La Palma”.
Anuncio de Isabel Rodríguez durante su intervención en “Los Desayunos de Europa Press”, presentada por el expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, con quien se inició en la política autonómica, ha recordado que durante la pandemia la Conferencia de Presidentes se reunió tres veces más (18 ocasiones) que en todas las legislaturas anteriores juntas (6 ocasiones).
La ministra ha adelantado que esta reunión se realizará “con mayor normalidad”, una vez logrado el objetivo y el punto de inflexión del 70% de vacunación, situado hoy en más del 88% de la población diana.
“Trabajamos también en la reforma del Reglamento de la Conferencia, para agilizar su funcionamiento”, y será uno de los asuntos a abordar en el próximo encuentro, según ha anunciado: “Pretendemos reducir los plazos de convocatoria, crear espacios para adoptar decisiones y acuerdos y proponemos crear una secretaría permanente para fomentar la coordinación y dotar de continuidad los trabajos de la Conferencia”.
Por otro lado, el Gobierno impulsa también las conferencias sectoriales, que en 2020 se reunieron un 200% más que en años anteriores. “Sólo en la primera mitad de este año se han celebrado ya 118 conferencias”, ha adelantado Isabel Rodríguez, “y hemos recuperado algunas comisiones bilaterales, como la de Cataluña-Estado, que se reunió en agosto después de tres años de bloqueo, o la de La Rioja, que llevaba 30 años sin convocarse”.
El diálogo permite asimismo evitar la litigiosidad que se llegó a alcanzar en anteriores legislaturas. “Más de la mitad de los procedimientos iniciados por el Gobierno frente a normas autonómicas se han suspendido en esta legislatura, alcanzándose acuerdos que han hecho descender la conflictividad más de un 70%”.
Compromiso del Gobierno con las entidades locales
Queremos tener muy presentes a los ayuntamientos, representados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha declarado Isabel Rodríguez, “fomentando su participación tanto en la Conferencia de Presidentes como en las conferencias sectoriales, porque buena parte del éxito de nuestro modelo territorial se debe al papel de los ayuntamientos en la democracia”.
En este sentido, el Gobierno va a dar un paso más con una reforma legal “para convertir la FEMP en entidad de derecho público”, lo que garantizará su presencia institucional y normalizará su presencia en todos los foros de negociación y diálogo.
Consulta para la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito
La ministra se ha referido en su intervención a los dos ayuntamientos extremeños, Villanueva de la Serena y Don Benito, que ofrecen una lección de cogobernanza: “Dos municipios que han decidido sumar esfuerzos por el bien común, un ejemplo de colaboración que queremos impulsar en nuestro modelo territorial”.
Isabel Rodríguez ha anunciado que “el próximo Consejo de Ministros autorizará la celebración de una consulta popular para la fusión de ambos ayuntamientos”, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 71 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
Presencia del estado en el territorio. La desconcentración.
Tenemos unas estructuras administrativas profundamente concentradas, ha subrayado, “cuando el 62% de los municipios españoles ha perdido población en los últimos veinte años”.
“Madrid es y va a seguir siendo la capital del Estado, y va a seguir albergando las principales instituciones públicas, pero el desequilibrio vigente, además de injusto, no es sostenible desde el punto de vista de la cohesión territorial”, ha explicado.
El Gobierno impulsa un proceso de desconcentración, especialmente para las entidades de nueva creación en el sector público institucional, y en particular en organismos públicos, fundaciones o sociedades mercantiles participadas por el Estado. “La propia Unión Europea lleva décadas desconcentrando sedes, y España se ha beneficiado, por ejemplo, la Agencia Europea del Control de Pesca está en Vigo; la Oficina de Propiedad Intelectual Europea en Alicante y el Centro Europeo de Satélites está aquí cerca, en Torrejón”, ha informado.
También en España se han hecho esfuerzos. El Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas y el Instituto Nacional de Ciberseguridad se situaron en León, hace más de diez años, teniendo presente el reto demográfico. Ha puesto también el ejemplo de Renfe, con centros de competencias digitales en zonas menos pobladas, donde crearán 400 empleos en Teruel, Alcázar de San Juan, Miranda de Ebro, Linares y Mérida. “La desconcentración contribuirá a vertebrar nuestro país, frenará la despoblación y reforzará la eficiencia y eficacia del sector público”.
La desconcentración, ha reiterado, acercará el Estado a buena parte de la ciudadanía, con un fin último que todos deberíamos compartir: “Que un mayor número de personas se sientan partícipes del proyecto compartido que es España”.
España es un proyecto compartido
“España es un proyecto compartido”, ha subrayado la ministra, “y si hay un espacio para compartir es sin duda la tierra que habitamos, las ciudades y pueblos de nuestro país, territorios que no se pueden entender sin las personas. Es la encomienda que me hizo el presidente, atender la política territorial de nuestro país”.
Cogobernanza
Un país moderno, con un Estado del bienestar desarrollado, necesita fórmulas para una colaboración ágil. “Las administraciones no pueden funcionar por separado, dándose la espalda, cuanto mayor es el grado de descentralización de un país, más importancia cobra la colaboración entre administraciones”, ha reiterado.
El ejemplo más evidente lo tenemos en las emergencias, “ante una catástrofe natural, la colaboración entre administraciones es indispensable. Pienso en el caso de la Palma, donde Gobierno de España, Ejecutivo autonómico, Cabildo y ayuntamientos trabajamos codo con codo, independientemente del color político de cada uno, con un marcado protagonismo del Cabildo, alcaldes y alcaldesas para ofrecer respuestas a la ciudadanía”.
En toda España acabamos de pasar también un test de estrés importante con la pandemia, ha recordado Isabel Rodríguez. La colaboración entre instituciones ha sido decisiva para llevar a cabo una campaña de vacunación eficaz, clave a su vez para la recuperación económica del país: “Si hoy podemos ser razonablemente optimistas sobre el futuro, es gracias al trabajo conjunto de las instituciones del Estado para lograr la reactivación”.
La ministra denomina a esa colaboración ante catástrofes “cooperación de emergencia”, y ha reiterado que “si hemos sido capaces de articular la cogobernanza en estas situaciones, debemos ser capaces de hacerlo en el momento importante que ahora vivimos, la recuperación. Tenemos que normalizar la cooperación de emergencia, con lealtad institucional y respeto, ha enfatizado.
La cohesión
Los territorios no se entienden sin las personas, por eso, “la política territorial tiene que mantener un rumbo constante, que es la cohesión”. El Gobierno trabaja por una recuperación que representa un cambio de modelo productivo, con una apuesta por la reindustralización y la transición ecológica, ha explicado: “Vamos a destinar 140.000 millones de los fondos europeos a la modernización de nuestro país”, presupuesto con el que se esperan movilizar otros 500.000 millones de inversión.
Isabel Rodríguez ha repasado algunas cifras de los presupuestos, destacando que ponen el foco en la juventud, que choca hoy con un muro de dificultades. Una juventud preparada, pero con frustraciones, ha afirmado. Personas jóvenes trabajan y cobran menos que sus padres pensionistas y, algunos con sueldo, no pueden acceder a una vivienda.
Las cuentas públicas de 2022 representan la mayor apuesta por la juventud: “Se duplica la inversión para la juventud, hasta 12.550 millones”. También se ha referido a otras partidas para ellos, como las destinadas a bonos de alquiler y cultural.
La recuperación requiere un modelo laboral justo
Esta es la gran modernización económica de España y debe ir de la mano de una actualización del marco de relaciones laborales propio del siglo XXI. Para una recuperación justa, necesitamos un modelo laboral justo, ha asegurado la ministra.
“Llevamos adoptando decisiones toda la legislatura con medidas como la ley del teletrabajo, los ERTE, la subida del salario mínimo un 31% desde 2018 y la nueva ley educativa y ley de Formación Profesional”. Gracias a esas medidas, España cuenta hoy con tasas de ocupación como antes de la pandemia y con datos históricos de caída del desempleo, ha recalcado.
La reforma abordará lo que verdaderamente importa, ha explicado: reducir la temporalidad, el paro estructural y juvenil, erradicar la precariedad, incentivar contratos estables y que empresas y trabajadores inviertan en formación. “Un acuerdo integral, que tenga en cuenta a trabajadores, empresarios, autónomos y pymes, aspiramos a recuperar algo que nunca debió perderse, como ocurrió años atrás cuando no hubo diálogo social ni acuerdo parlamentario en una reforma tan importante”.
La ministra ha finalizado su intervención reiterando el objetivo prioritario de este Gobierno: la recuperación. “Somos más los que sumamos que quienes restan”, ha concluido.
