La diputada del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha denunciado la política ‘anti-municipalista’ del Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que ha reclamado certidumbre para los ayuntamientos del país, así como seguridad jurídica para los ciudadanos, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal.
Así lo ha indicado durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, donde ha incidido en que la financiación de las entidades locales es un asunto que está pendiente y que, desde el actual Gobierno socialista, “lejos de afrontarse con celeridad y valentía, se retrasa y se alarga su resolución en el tiempo”.
Guerrero ha recordado que el Tribunal Constitucional ya dictó una sentencia en 2017, algo que provocó que el Gobierno del PP llevara al Congreso de los Diputados una Proposición de Ley donde hacía las adaptaciones y modificaciones necesarias, pero se vio truncada y no entró en vigor como consecuencia de la moción de censura, lo que generó una nueva sentencia en 2019.
Esta situación ha tenido como consecuencia que el Tribunal Constitucional dicte una nueva y previsible sentencia donde declara nulos los artículos relativos al cálculo de la base imponible del impuesto, lo que imposibilita su aplicación y significa que, de no subsanarse urgentemente, los ayuntamientos “sufrirían un duro golpe y menoscabo de unos 2.500 millones de euros anuales”.
La parlamentaria ‘popular’ ha criticado que durante estos años se ha generado, por culpa de la desidia del Ejecutivo central, un aumento de litigiosidad, reducción de ingresos municipales y modificación de ordenanzas fiscales, ya que se tuvieron que establecer como “no sujetos” los casos establecidos en las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional y, todo ello, envuelto en una “clamorosa inseguridad jurídica e incertidumbre, tanto para los contribuyentes, como para los ayuntamientos”.
Guerrero ha censurado que el Gobierno de España está ejerciendo una clara política ‘anti-municipalista’, ya que no solamente está obviando el debate sobre el nuevo sistema de financiación, sino que además como se ha comprobado durante la pandemia, no se ha realizado “ninguna aportación extraordinaria en favor de estas administraciones”, que son “las más cercanas a los ciudadanos”.
Por ello, la diputada del GPP ha insistido en que es necesario reclamar al Gobierno central que actúe de forma rápida y no siga dejando “en el olvido” las necesidades de los ayuntamientos.
Guerrero ha afirmado que el Gobierno debe “ponerse manos a la obra”, ya que es imprescindible que se adopten medidas legales para configurar nuevamente el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de la Naturaleza Urbana, que dé seguridad jurídica a los contribuyentes y siga siendo un instrumento de financiación de los ayuntamientos, que permita pagar la factura de la luz, del gas, de las bibliotecas municipales, de los colegios, de las viviendas tuteladas o de los consultorios.
“Todos deberíamos estar de acuerdo en que no debemos prolongar más esta situación, que no genera nada más que incertidumbre e inseguridad jurídica a contribuyentes y ayuntamientos”, ha concluido.
