La Coordinadora local del Partido, Esther Trujillo, reclamó la no realización de la mayoría de los puntos que previamente estaban discutidos y acordados.
En uno de ellos recordó que Rosa, compañera recién incorporada a la Junta de Gobierno, no había recibido información con el tiempo suficiente para poder plantearlo en la Comisión de Gobierno, sin poder conocer y abordar los temas previamente.
En las Comisiones Informativas en las que se había establecido una periodicidad para reunirse, de hecho no se ha reunido durante este mes, como igualmente ha ocurrido con los Consejos Sectoriales, el Consejo de Salud, ni el Consejo de Asociaciones.
Incidió en que tampoco se ha hecho ningún avance para poner en marcha los presupuestos participativos, aunque expuso que seguramente “habrá estos presupuestos, pero no serán participativos”.
Siguió exponiendo que Izquierda Unida acordó que la Mesa del Empleo estaría compuesta por los Partidos Políticos y Agentes Sociales, para poder analizar la problemática y, hasta la fecha, tampoco se han constituido. Apuntó además, que tampoco se ha constituido la Comunicación de Educación.
También criticó que no se informe en los Plenos de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno.
Como punto también de importancia indicó que mientras Tomelloso ya tiene en marcha el asunto de la potabilizadora, en Argamasilla todavía no se ha realizado, cuando el punto importante era elaborar un informe para detallar la necesidad de la mejora.
Sacó a relucir el problema de los servicios públicos de electricidad, que al haber llegado a un acuerdo con la compañía, ahora se encuentra en manos de una empresa privada y se están sufriendo problemas de apagones, para lo que han solicitado una reunión que todavía están esperando.
Por último adujo que tampoco se han planificado las inversiones para esta legislatura.
De tal forma que Izquierda Unida “considera que después de cien días de estos acuerdos era necesario solicitar una aclaración al respecto” y la contestación del alcalde ha sido que les diéramos tiempo, porque han sido tiempos muy difíciles, con la presencia de un concejal nuevo y de otros concejales que han asumido nuevas responsabilidades, por lo que les pidieron tiempo.
La Coordinadora apuntó que muchos de los puntos acordados tenían que haber avanzado, pero que la política del alcalde es, la que siempre ha seguido su partido, que no es otra que la de no contar con nadie.
Aclaró que en cuanto a la privatización del mantenimiento de alumbrado por la nueva empresa, los resultados suponen que cuando ha habido apagones la empresa concesionaria, con sede en Puertollano, tarda en acudir a resolver el problema y, en muchas ocasiones, no encuentra la situación de los relojes y el partido ha solicitado un informe sobre si se están cumpliendo las obligaciones del contrato, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
En un apartado específico la Coordinadora quiso exponer otro tema de gran interés como consecuencia del último Pleno acordado.
En este Pleno que se relacionaba con el Desarrollo de la Política Municipal, se realizó una doble propuesta:
En el primer punto Izquierda Unida estima que no se han cumplido los acuerdos de información previa por reunión con los partidos políticos. Se supuso que la propuesta se refería a las inversiones dedicadas al Polígono Industrial, a la renovación de la red del abastecimientos de agua, la urbanización de EL Rincón, continuar con la edificación de la Casa del Bachiller y, gracias a la iniciativa de Izquierda Unida, mejorar la red de saneamiento.
Afirmó que estas propuestas coincidían con sus prioridades, indicó la coordinadora, y estaban dispuestos a aprobarlas, incuso sin saber a qué iban e incluso sin haber justificado la solicitud, pero cuando se expuso el segundo punto, Izquierda Unida no apoyó la propuesta.
En definitiva la propuesta era subir Impuestos, entre ellos la base del I.B.I., pasando la urbana a un incremento del 4 por ciento, la rústica en un 7 por ciento, el agua en un 12 por ciento, según tramos y la subida del alcantarillado en un 25 por ciento.
Ester Rodrigo planteó que no entendían por qué tenía que ser una subida de impuestos cuando podría realizarse con los propios presupuestos del ayuntamiento, explicando que el Interventor adujo que eso conllevaría a establecer un Plan de Ajuste, por lo que dedujeron que el alcalde había estado mintiendo una y otra vez cuando dijo que la tesorería del Ayuntamiento estaba perfectamente saneada y se podía abordar cualquier necesidad.
Siguió explicando que no era un buen acuerdo en el concepto de cargar a los vecinos en un momento en que nos encontramos con un 39 por ciento de Castilla-La Mancha y en la ciudad en una exclusión social, y no se debe cargar con más impuestos mayores y para ello es necesario exigir a las administraciones que asuman sus propias competencias porque muchas de las partidas presupuestarias son de otros organismos de la Junta y del Estado, además de considerar que la Diputación debería asumir este tipo de ayudas en forma de subvenciones.
Por último indicó que previamente no se justifican las cantidades, ni para qué se van a utilizar, y además la no existencia de memorias técnicas para cada una de las obras, ni de dónde se va a sacar el dinero.
La reacción del alcalde ante estos planteamientos en el Pleno, la Coordinadora indicó que fue bastante negativa y añadió que el alcalde perdió los nervios hasta llegar al enfado, incluso criminalizando a la ciudadanía diciendo que cada uno es responsable y que en la revisión catastral cada uno no ha cumplido con sus obligaciones e incluso llegó a decir que no es grande el esfuerzo que pide, y que el que no tenga fondos económicos para asumir esta subida, que recurra a los Servicios Sociales a solicitar ayudas.
Ante esta actitud particular en el Pleno y también actitud general del proceso al no haberlo negociado en el tiempo, ya que desde el mes de Junio no se había tenido ninguna reunión al efecto y enrocándose el alcalde en su posición, no negociando, ni escuchando propuestas alternativas, la respuesta negativa es la que se han encontrado por parte de Izquierda Unida.
Por otra parte se aclaró que la Diputación no decide qué impuestos hay que pagar, ni cómo se ha de hacer, sino que simplemente pide un certificado del Interventor por el que se compromete el Ayuntamiento a realizar el pago.
Además por parte de Ángel Rodríguez, se aportaron los datos de la subida de impuestos, indicando que desde 2011 a 2019 la subida de impuestos había sido de un 21 a un 22 por ciento y que las revisiones catastrales del 0,53 al 0,55 realizadas por el tipo y por el catastro y que la técnica es subir los impuestos al principio de legislatura y no volverlos a subir hasta cuatro años después para que la gente se olvide, cuando se debe realizar cada año.
