Virgen de las Viñas Tomelloso
Cuadernos Manchegos
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Decenas de miles de funcionarios de Justicia procedentes de toda España han vuelto a colapsar las calles de Madrid en una gran manifestación para exigir al Gobierno un incremento salarial en relación con las funciones que este colectivo realiza a diario. La marcha comenzó a las 12.00 horas enfrente del Ministerio de Justicia y concluyó frente a la Secretaría General de Función Pública.

La segunda protesta multitudinaria en Madrid (la primera se celebró el pasado 19 de abril) ha sido convocada nuevamente por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, y ha coincido con el cuarto día de paro general de la Justicia, que también ha registrado un nuevo éxito de participación, con un seguimiento del 85 por ciento.

Esta manifestación se suma a las protestas que comenzaron el pasado lunes con una concentración ante el Ministerio de Hacienda y que continuaron el martes con otra protesta, en esta ocasión delante del Congreso de los Diputados. La semana de movilizaciones concluirá mañana, viernes 26 de mayo, con otra concentración nuevamente enfrente del Ministerio de Hacienda en la calle de Alcalá.

El silencio de las ministras de Justicia y de Hacienda, Pilar Llop y María Jesús Montero, después de un mes de movilizaciones es absolutamente indignante, inaceptable e inaudito. El presidente Pedro Sánchez también es responsable porque no ha respondido a la carta enviada por el comité de huelga que representa al 93 por ciento de la plantilla de Justicia, emplazándole a intervenir ante la incapacidad demostrada por sus dos ministras.

Mientras, el primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios/as de Justicia ha provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de 600.000 juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales. Esta situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados.

El fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del propio presidente del Gobierno, que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto.

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