Ante la solicitud de convocatoria de elecciones agrarias por parte de la Unión de CLM, lamentablemente la Secretaria General de Agricultura Dª Juana Velasco remitió a la organización de agricultores y ganaderos a una consulta pública sobre la representatividad que acaba de lanzar el Gobierno Nacional, en lugar de tomar directamente la responsabilidad con los agricultores y ganaderos de la región que, para su desgracia, no han podido elegir democráticamente a sus representantes desde que, en 1978, se celebraran elecciones a las Cámaras Agrarias, y que justamente ahora se procede a iniciar el proceso de su extinción.
Comentan desde la organización que no van a ceder ante la ilegitimidad, y más aún teniendo en cuenta que ya existe legislación a nivel nacional desde 2014 que insta a convocar elecciones a nivel nacional. Sin embargo, no hay nada que impida que a nivel regional puedan convocarse elecciones al igual que ya han hecho en otras regiones como Cataluña, Extremadura, Castilla y León y Madrid.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno ha dado traslado a los Servicios Jurídicos para estudiar el caso.
La consulta pública, a la que hacía referencia la Secretaria General de Agricultura, establece que es complicado y costoso convocar elecciones a nivel nacional y es preferible dejar la representatividad tal y como está. Con este criterio, se podría establecer como opción, dado lo costoso que es, no celebrar elecciones al Parlamento español e instaurar una dictadura, al igual que ocurre en el campo.
En cuanto a la extinción de las cámaras agrarias, y dado que no ha habido elecciones en el campo, la Unión de CLM exige que la comisión liquidadora deba tener representación de todas las organizaciones que representen agricultores en nuestra región, en tanto en cuanto no se celebren elecciones agrarias, al igual que ocurre en otras Comunidades Autónomas. De esta manera la Consejería de Agricultura evitaría cometer infracción alguna.
No se puede permitir que la liquidación del patrimonio de los agricultores y ganaderos (bienes rústicos e inmuebles así como fondos económicos) quede en manos de organizaciones que no han sido elegidas por los propios afectados.
Del mismo modo, se ha discutido sobre cómo se justifica la asignación de fondos de la Resolución de ayudas a las OPAs para subvencionar oficinas y personal de las Organizaciones Profesionales Agrarias.
