España vuelve a arder. Lo hace cada verano con una puntualidad casi trágica, como si el fuego se hubiera convertido en una estación más del calendario. Las llamas devoran montes, amenazan pueblos, arrasan explotaciones agrícolas y ganaderas y, en ocasiones, también se cobran vidas humanas, como ha sucedido recientemente en Los Gallardos, en Almería. Después llega el ritual conocido: imágenes aéreas de bosques calcinados, declaraciones institucionales, promesas de actuación y una explicación que se repite invariablemente como un dogma: la culpa es del cambio climático.
Y, una vez más, el debate termina antes de comenzar.
Nadie puede negar que las altas temperaturas, las sequías prolongadas o las olas de calor incrementan el riesgo de incendio. Sería absurdo hacerlo. Pero convertir ese hecho en la explicación exclusiva de lo que ocurre supone ignorar una realidad mucho más incómoda: el fuego necesita una chispa, pero solo se convierte en una catástrofe cuando encuentra combustible suficiente para alimentarse.
Ese combustible tiene nombre. Se llama abandono.
Hace ya varios años advertí desde la tribuna del Congreso, durante el debate sobre las medidas urgentes en materia de incendios forestales, que el principio de la no intervención humana en el medio natural se estaba convirtiendo en una especie de dogma cuasi religioso que acabaría teniendo consecuencias devastadoras para nuestros ecosistemas. El tiempo, desgraciadamente, ha confirmado aquella advertencia.
Los datos oficiales muestran que la inmensa mayoría de los incendios en España tienen origen humano, ya sea por negligencias o de forma intencionada. Sin embargo, esa estadística solo explica cómo comienza un incendio. No explica por qué algunos terminan convirtiéndose en monstruos de fuego capaces de arrasar decenas de miles de hectáreas.
La respuesta está en el monte.
Durante siglos, agricultores, ganaderos, pastores y selvicultores hicieron una labor que hoy apenas recibe reconocimiento. El ganado mantenía limpio el monte mediante el pastoreo; la recogida de leña y los aprovechamientos forestales reducían la carga de combustible; los cultivos abrían espacios que frenaban la propagación de las llamas. Aquella relación entre el hombre y la naturaleza no destruía el paisaje: lo conservaba.
Hoy esa España casi ha desaparecido.
La despoblación rural avanza, las explotaciones ganaderas cierran, los jóvenes abandonan el campo y quienes permanecen soportan una presión normativa, económica y burocrática que hace cada vez más difícil continuar con su actividad. Mientras desaparecen quienes históricamente cuidaban el territorio, proliferan políticas que dificultan precisamente esa gestión.
En demasiados lugares, limpiar el monte, abrir un cortafuegos, realizar un desbroce o desarrollar un aprovechamiento forestal exige atravesar un auténtico laberinto administrativo. Se ha instalado la idea de que proteger la naturaleza consiste en dejarla completamente sola, como si nuestros montes fueran espacios vírgenes ajenos a la acción del hombre.
Nada más lejos de la realidad.
España no es una selva intacta. Es el resultado de siglos de convivencia entre el ser humano y el territorio. Nuestros paisajes forestales son, en gran medida, paisajes culturales, moldeados generación tras generación por quienes vivían de ellos y con ellos. Expulsar al hombre del monte no significa protegerlo. Significa abandonarlo.
Y un monte abandonado acaba ardiendo.
A ello se suma una política forestal profundamente desequilibrada. Se destinan enormes recursos a la extinción cuando las llamas ya avanzan, pero seguimos relegando la prevención a un segundo plano. Sin gestión forestal durante todo el año, sin tratamientos selvícolas, sin cortafuegos, sin pastoreo extensivo y sin actividad económica ligada al medio rural, ningún dispositivo de extinción podrá evitar que los incendios alcancen dimensiones catastróficas.
También necesitamos una coordinación institucional a la altura de estas emergencias. El fuego no entiende de fronteras autonómicas ni de competencias administrativas. Cuando un gran incendio amenaza vidas humanas y patrimonio natural, la respuesta debe estar guiada por la eficacia, no por el reparto de responsabilidades ni por cálculos políticos.
Desde VOX hemos defendido reiteradamente en el Congreso una política forestal basada en la gestión activa del territorio, en el fortalecimiento del mundo rural y en el reconocimiento de que el ser humano no es un enemigo de la naturaleza, sino una parte esencial de su equilibrio cuando actúa con responsabilidad.
No se trata de elegir entre conservar y gestionar. Se trata de comprender que solo puede conservarse aquello que también se cuida.
Porque un bosque no se protege abandonándolo.
Se protege gestionándolo.
Mientras sigamos reduciendo el debate a una explicación exclusivamente climática y continuemos ignorando el abandono del mundo rural, la acumulación de biomasa y los errores de determinadas políticas forestales, volveremos a contemplar cada verano las mismas escenas de destrucción.
No necesitamos convertir el fuego en un argumento ideológico.
Necesitamos recuperar el sentido común.
Porque los incendios no empiezan el día en que aparece la primera llama. Empiezan mucho antes, cuando dejamos de cuidar nuestros montes.
Y esa sigue siendo, hoy, la gran asignatura pendiente de la política forestal española.
