La campaña electoral ya ha tomado las calles, esta mañana, los paneles destinados a la propaganda electoral han amanecido abarrotados de carteles de los distintos partidos políticos, en una nueva batalla por captar la atención de los votantes. Rostros sonrientes, eslóganes cuidadosamente elegidos y promesas que vuelven a ocupar el espacio público. Una imagen que invita a preguntarse si, más allá de los carteles y la propaganda, esta campaña traerá soluciones reales a los problemas de los ciudadanos o se quedará, una vez más, en una competición de mensajes y fotografías.
Nos hablarán de democracia, de libertad, de futuro y de responsabilidad. Los partidos nos pedirán confianza, los candidatos prometerán soluciones y las encuestas, entrevistas y sondeos demoscópicos ocuparán buena parte del debate público. Pero yo llevo tiempo haciéndome una pregunta que considero mucho más importante que saber quién ganará las elecciones del 29 de noviembre: ¿quién gobierna realmente España? Porque una cosa es ocupar el Gobierno y otra muy distinta es tener el poder. Y cuanto más observo nuestra realidad política, más me preocupa la distancia que puede existir entre ambas cosas.
No cuestiono la importancia del voto, tampoco niego que España tenga instituciones democráticas, elecciones competitivas y libertades que debemos proteger. Lo que cuestiono es que todo eso sea suficiente para garantizar que la voluntad de los ciudadanos prevalezca sobre los intereses de quienes concentran el poder económico. Esta inquietud no es nueva, tres periodistas reconocidos con el Premio Pulitzer me han ayudado a comprenderla desde perspectivas diferentes: Chris Hedges, Anne Applebaum y Nikole Hannah-Jones.
Son tres voces del periodismo y el pensamiento crítico internacional que comparten algo más que el prestigioso reconocimiento Premio Pulitzer. Chris Hedges, periodista y corresponsal de guerra estadounidense, formó parte del equipo de The New York Times galardonado en 2002 por su cobertura del terrorismo internacional. Anne Applebaum, periodista, historiadora y ensayista estadounidense, recibió el Pulitzer en 2004 por Gulag: una historia, una investigación sobre los campos de concentración soviéticos. Nikole Hannah-Jones, periodista de investigación estadounidense, obtuvo el Pulitzer en 2020 por su ensayo sobre la esclavitud, el racismo y las contradicciones históricas de la democracia estadounidense, dentro de The 1619 Project.
Aunque sus trayectorias y planteamientos son diferentes, los tres me invitan a reflexionar sobre una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto las democracias representan verdaderamente la voluntad de sus ciudadanos y quién ejerce el poder real detrás de sus instituciones? Una pregunta que considero especialmente pertinente al analizar la realidad política española. De los tres, Chris Hedges es quien más directamente expresa mis preocupaciones. Hedges sostiene que Estados Unidos ha conservado las formas de una democracia mientras el poder de las grandes corporaciones y las élites económicas ha reducido la capacidad de decisión de la ciudadanía. Su crítica me lleva inevitablemente a pensar en España. Aquí elegimos diputados y gobiernos, pero ¿cuánto margen tienen nuestros representantes cuando sus decisiones afectan a los grandes bancos, las compañías energéticas, los fondos de inversión o los grandes grupos empresariales? ¿Quién tiene más capacidad para influir en una política de vivienda: una familia que no consigue pagar el alquiler o un gran propietario con recursos para defender sus intereses?¿Quién dispone de más medios para hacerse escuchar cuando se discuten impuestos, regulación energética o condiciones laborales?
No afirmo que exista una mano invisible que controle absolutamente todas las decisiones, la realidad es más compleja, pero tampoco creo que podamos hablar seriamente de igualdad política sin examinar las enormes desigualdades de influencia que existen en nuestra sociedad. Mi preocupación es que el dinero pueda convertirse en una forma de poder político que no pasa por las urnas. Y ese poder no se presenta a las elecciones.
Por otro lado Anne Applebaum introduce otra advertencia fundamental. Su trabajo sobre el autoritarismo muestra que las instituciones democráticas pueden debilitarse gradualmente, no necesariamente mediante un golpe de Estado, sino a través de la erosión de los controles institucionales, la manipulación informativa y la colaboración de determinadas élites. Su reflexión me obliga a mirar más allá de la economía. Me preocupa la polarización política que convierte al adversario en enemigo. Me preocupa que la discusión pública se reduzca a consignas. Me preocupa que terminemos defendiendo cualquier actuación de nuestros representantes simplemente porque pertenecen al partido con el que simpatizamos. Una democracia necesita elecciones, pero también instituciones independientes, información rigurosa, transparencia y ciudadanos capaces de exigir responsabilidades incluso a quienes han votado. No considero que España sea una dictadura encubierta, sería una afirmación que necesitaría pruebas extraordinarias; pero sí considero legítimo preguntarnos si estamos vigilando suficientemente la calidad de nuestra democracia; porque defender la democracia también significa reconocer sus deficiencias.
Por último, tenemos a Nikole Hannah-Jones que aporta una tercera perspectiva. En su trabajo sobre la historia estadounidense ha explicado cómo una nación puede proclamar ideales universales de libertad e igualdad mientras parte de su población permanece excluida de esos derechos. Su análisis se refiere fundamentalmente a la experiencia histórica de los afroamericanos, pero me inspira una reflexión sobre la distancia entre los principios democráticos y la vida cotidiana. En España, la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo; es una afirmación de enorme importancia, pero yo me pregunto qué significa esa soberanía para un joven que trabaja y no puede independizarse, para una familia que dedica buena parte de sus ingresos a la vivienda o para un trabajador que siente que las grandes decisiones económicas se toman sin contar con él. No se trata de equiparar estas situaciones con la esclavitud o la segregación racial estudiadas por Hannah-Jones, son realidades históricas muy diferentes, se trata de comprender una idea: los derechos proclamados sobre el papel deben contrastarse con las posibilidades reales de ejercerlos. La igualdad ante las urnas es imprescindible. La desigualdad de recursos e influencia también merece nuestra atención.
El próximo 29 de noviembre España celebrará elecciones generales y los ciudadanos podremos elegir entre proyectos políticos distintos, con propuestas diferentes sobre fiscalidad, servicios públicos, vivienda, inmigración, derechos sociales y organización del Estado. Esas diferencias importan, sería injusto afirmar que todos los partidos son idénticos o que sus decisiones producen exactamente los mismos resultados. Sin embargo, hay una cuestión que, a mi juicio, debería atravesar toda la campaña electoral: ¿Qué hará cada partido para garantizar que las decisiones públicas respondan al interés general y no a la influencia desproporcionada de determinados poderes privados?
Quiero saber cómo piensan regular los grupos de presión, evitar los conflictos de intereses, controlar las puertas giratorias y garantizar la transparencia de sus relaciones con las grandes empresas. Quiero conocer sus propuestas para proteger la independencia de las instituciones y asegurar que los ciudadanos podamos fiscalizar a quienes nos gobiernan. Quiero reflexionar sobre las medidas que proponen en democracia interna y transparencia, también sobre sus medidas para lograr una mejor calidad representativa y sobre una actual y efectiva ley electoral. Y quiero que esas respuestas sean concretas, verificables y exigibles después de las elecciones. No me basta con que me digan que representan al pueblo, quiero saber cómo van a demostrarlo. La democracia no puede terminar cuando se cierran las urna. Quizá el mayor riesgo sea acostumbrarnos a pensar que nuestra participación política consiste exclusivamente en depositar una papeleta cada cuatro años. Yo no quiero una democracia en la que el ciudadano sea protagonista durante la campaña electoral y espectador durante el resto de la legislatura. Quiero una democracia donde el poder pueda ser cuestionado, donde las decisiones sean transparentes, donde el ciudadano sea dueño de su futuro y donde ningún interés económico ni élite partidista disfrute de una influencia incompatible con la igualdad política.
Precisamente por eso necesitamos periodismo independiente, controles efectivos y una ciudadanía exigente. Hedges me hace mirar hacia el poder económico, Applebaum me recuerda la fragilidad de las instituciones, Hannah-Jones me obliga a preguntarme si nuestros ideales democráticos se corresponden con la realidad. Sus diagnósticos no son idénticos, pero juntos plantean una reflexión que considero imprescindible antes del 29-N. No quiero renunciar a la democracia porque tenga defectos, quiero que sea más profunda, más transparente y más capaz de responder a quienes supuestamente somos sus protagonistas. El 29 de noviembre iremos a votar; habrá vencedores y derrotados, se repartirán escaños, se negociarán acuerdos y se formará un Gobierno. Pero cuando termine el ruido electoral, seguirá pendiente la pregunta que para mí define el verdadero debate:
¿Serán los ciudadanos quienes marquen el rumbo de España o seguirán teniendo una influencia decisiva quienes nunca necesitan presentarse a unas elecciones? No pretendo tener una respuesta definitiva, lo que tengo claro es que una democracia que merece ese nombre no debería tener miedo a que sus ciudadanos formulen esa pregunta, porque votar es un derecho fundamental, pero la democracia exige algo más: que el poder responda ante quienes votamos y ser dueños de nuestro destino.
Antonio de Miguel
